Proyecto: Quieren cobrar a la gente de otras provincias que se viene atender a Buenos Aires

En el marco de la gestión parlamentaria, la legisladora porteña Marina Kienast (Republicanos Unidos), presentó un proyecto de Ley para que las provincias de origen de aquellos ciudadanos que utilicen los servicios sanitarios y educativos de la Ciudad de Buenos Aires, reintegren los gastos de los mismos al Estado Porteño. Se trata de la creación de un “Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional”, proyecto del cual fue coautor el otro diputado del espacio de Ricardo López Murphy, Roberto García Moritán.

En el texto del proyecto se explica que “los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe”, cuando “una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción” sea atendido en un centro asistencial. Asimismo, deberá detallar “la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones”. Luego, prosigue el proyecto, se remitirán en forma mensual “los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.

Asimismo, se detalla que “los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera” de la CABA “que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes”. Y finaliza: “Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”.

En relación a este proyecto, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Marina Kienast, aseveró: “Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”, puntualizó Marina Kienast, y agregó: “El consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA”.