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Argentina Hoy: OlivosGate: Apelan la decisión del juez

La Fundación Apolo presentó una apelación al acuerdo realizado entre el magistrado federal de San Isidro y el Presidente Alberto Fernández y su concubina, Fabiola Yáñez.

En el marco de la actualidad judicial de la Argentina, la Fundación Apolo presentó esta mañana una apelación al acuerdo realizado entre el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el Presidente Alberto Fernández y su concubina, Fabiola Yáñez, por el cual proponen pagar una suma de dinero para cerrar la causa conocida como “Olivosgate”.

A su vez, cabe destacar que la presentación, además, incluye dos nuevos pedidos de querella de interesados a sumarse en la acción legal; patrocinados por Francisco Oneto, quien oficia como asesor externo de la institución; y por Juan Pablo Pane, del Equipo de Activismo Legal de la fundación.

En este contexto, Francisco Oneto aseveró que “no hay perjuicio que reparar, porque ese delito no exige perjuicio para configurarse. El perjuicio es el incumplimiento de la norma por quien la dictó y eso sólo se paga con justicia”.

Asimismo, el Presidente de la Fundación Apolo, Antonio Fratamico, enfatizó que “haremos todo lo posible para que Alberto Fernández no se salga con la suya. Si la justicia continúa avalando que se pueda escapar de un delito pagando una multa, que es irrisoria en comparación a todo el daño que le causó al pueblo argentino, demostrará que en Argentina hay ciudadanos de primera y de segunda. Y que no todos somos iguales ante la ley”, puntualizó Antonio Fratamico.

Por su parte, uno de los apoderados de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, subrayó: “El fundamento que hace el juez sobre el caso es una aberración jurídica, es insultante, porque dice que Alberto Fernández en ese momento no estaba en ejercicio de funciones, pero la fiesta se hizo en la Quinta de Olivos. Como cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, era responsable máximo de la administración pública nacional, y de hacer cumplir las normas por él mismo sancionadas: le corresponde además la sanción del artículo 248 del código penal, que es incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad”, remarcó Yamil Santoro.

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