Cuáles fueron los resultados de la Ley de Economía Social Porteña

En el marco de la gestión del Ejecutivo Porteño y a 1 año de la sanción de la Ley para el sector, el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó en el Barrio Padre Mugica los resultados, objetivos y desafíos del trabajo para fomentar el desarrollo de la economía popular y social.

En este contexto, cabe destacar que más de 1.500 emprendimientos surgidos en los barrios populares ya integran las cadenas de producción de la Ciudad de Buenos Aires y potenciaron su crecimiento.

En relación a este tema, la ministra de Desarrollo Humano Porteña, María Migliore, aseveró: “Nosotros estamos convencidos de que la mejor política social es el trabajo y sabemos que las unidades productivas de esta economía enfrentan barreras estructurales vinculadas a la organización del trabajo y la producción, la falta de vías de financiamiento y la escasez de canales de comercialización”, puntualizó María Migliore, y agregó: “Este sector necesitaba que creáramos marcos nuevos para reconocerlo y potenciarlo. Por eso presentamos y aprobamos por unanimidad una ley que nos dio un marco fundamental para gestionar y acompañar a todos aquellos que quisieran incorporarse a un proceso virtuoso de crecimiento, con oportunidades de capacitación, desarrollo y financiamiento”, enfatizó la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, y según estudios del Ministerio de Desarrollo Humano Porteño, el universo total de este segmento de la economía es de aproximadamente 413.000 personas; casi 1 de cada 5 trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires se desenvuelve en la economía popular. Del total de trabajadores, un 32,9% son desocupados; 24,5%, asalariados informales; 22,4%, cuentapropistas no profesionales; 15,2%, ocupados en servicio doméstico; 4,3%, asalariados que aportan por sí mismos no profesionales; 0,8%, trabajadores familiares.

Por otro lado, cabe destacar que en diciembre del año 2020 la Legislatura Porteña sancionó la Ley de Economía Social que promueve la interacción entre unidades productivas de personas, grupos o sectores de mayor vulnerabilidad.