Nota de opinión: Política 3D: Cómo ahorrar millones sin ajustar al contribuyente

Por José Luis Kelly

Cuando algún funcionario nacional habla de ahorro o déficit cero, se suele pensar en ajuste para la clase media, las pequeñas empresas o jubilados.

Sin embargo es posible ahorrar 25.000 millones de dólares anuales, sin pedir préstamos ni disminuir el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Cómo es posible esto? Sencillo, con sentido común y la eliminación de los gastos políticos inútiles.

Esto obviamente implica corrupción cero, caiga quien tenga que caer.  Para este fin se deben eliminar por completo los fueros de los legisladores nacionales y provinciales ante requerimiento judicial por delitos civiles y penales, sean de cualquier naturaleza.

Por otro lado, es necesaria una reducción drástica de la cantidad de ministerios. En el ámbito nacional no son necesarias más de 10 carteras. En ese mismo  sentido se vuelve urgente una  reducción del orden del 70 al 80 por ciento de los costos de organismos políticos a nivel nacional, provincial y municipal, incluyendo ejecutivos y legislativos.

Todos los concejos deliberantes municipales deben ser ad honorem y no cobrar sus integrantes más de 100 dólares de viáticos si es que pueden justificarlos. Tranquilamente podrían reunirse después de las tareas productivas, sábados y domingos, de igual modo que lo hacen los presidentes de los clubes de barrio, profesionales, las instituciones intermedias, las instituciones benéficas, las fundaciones, las voluntarias sociales, etcétera.

Aún queda mucho por recortar y sin tocar el bolsillo del contribuyente. Ningún funcionario nacional, provincial y municipal debería ganar más de 1.500 dólares oficial por su función por todo concepto, incluyendo viáticos, etcétera. Pero esto debe ser acompañado por una revisión total de todas las jubilaciones originadas por tareas políticas en el estado, sean nacionales, provinciales y municipales.

Ninguna jubilación política tiene que superar  a la jubilación mínima. Si la jubilación es mixta, particular y estado, la parte del estado no podría superar a la jubilación mínima, debe ser proporcional al tiempo ocupado en el estado, y computarse con la privada. Las jubilaciones políticas normales y de privilegios originadas desde el 10 de diciembre de 1983 pueden ser anuladas y recalculadas según lo precitado. Generaron pobreza, que cobren pobreza.

Ningún vehículo o bien del estado debiera ser usado por los funcionarios políticos para uso particular.

Hay que eliminar de las legislaturas nacionales, provinciales y municipales todo tipo de presupuesto destinado a subsidios, publicidad, becas, subvenciones, etcétera, ya que desde 1983 esos fondos se usan con fines políticos no claros, en su mayoría en beneficio de los funcionarios. Para ayudar en casos especiales están los ministerios correspondientes. En ese mismo sentido, ahorraríamos millones permitiendo en las legislaturas nacionales y provinciales sólo dos asesores por legislador, en forma temporal y con un fin determinado.

Además, el asesor debiera tener no menos de diez años de experiencia en el tema para el cual fue contratado, su contrato debe responder a una necesidad puntual y no durar más de 6 meses.

La reelección eterna también se debe terminar. Después de ocho años en la función pública, tanto a nivel nacional, provincial y municipal los funcionarios tienen que dejar sus puestos. En algunas provincias hay funcionarios con más de 20 años en el cargo y esta situación viene usualmente acompañada de acomodo y nepotismo, por lo que propongo que en la función pública puede haber una sola persona por grupo familiar en cargos políticos.

Todas las medidas enumeradas sólo pueden ser realmente cumplidas si se implementa a nivel nacional, provincial y municipal, en el término de un año, una modernización inteligente en lo referente a todas las actividades gubernamentales, con el fin de que toda la ciudadanía pueda observar en qué se gastan los impuestos. Deberán detallar antecedentes laborales de los empleados, detalle diario de las compras, gastos reservados, etcétera.

Con lo propuesto hasta el momento ya nos ahorraríamos millones solo teniendo en cuenta el gasto político, analicemos ahora medidas de ahorro para el ámbito económico.

Los funcionarios, legisladores y jueces que estaticen empresas privadas deben ser responsables por veinte años por el daño y perjuicio que esa acción ocasione al estado argentino. Deben garantizar con su patrimonio desde 1983 a la fecha. Entre la estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas los desocupados, los obreros, los profesionales, los ciudadanos argentinos hemos pagado 25.000 millones de dólares y tenemos en la cabeza un juicio en New York por YPF, que nos puede costar 10.000 millones de dólares más. Y los responsables nos dan clases de moral todos los días. En el ámbito externo por su parte, debemos convertir nuestras embajadas y consulados en puestos de venta y valorar su efectividad en forma anual.

Las obras públicas, lamentablemente naturalizadas como un antro de corrupción en los últimos años,  deben ser aprobadas antes de su licitación por tres universidades públicas. A tal efecto las casas de estudio crearán una materia entre varias especialidades, construcción, electricidad, electrónica, sistema, medio ambiente, etcétera, para el estudio de las obras y en tres meses poder determinar su presupuesto.

Finalmente cada provincia y municipio debe recaudar lo que consume. Para eso es necesario hacer un censo nacional y determinar las zonas que no cumplen y en caso extremo intervenir desde el estado nacional para revertir la situación en breve tiempo. Todo con absoluta transparencia, basta de fondos a provincias y municipios que viven sin producir y usan plata de todos los contribuyentes.

Como se puede ver,  la deuda externa, y el estado calamitoso en que se encuentra la economía nacional pueden ser solucionados simplemente con sentido común.  Aplicando estas medidas el país se ahorraría millones y ni el trabajador, el jubilado o el pequeño empresario verían afectados sus ingresos.