Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Jornada sobre Jóvenes en conflicto con la ley penal

La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizó el encuentro donde se plantearon nuevos desafíos y prácticas institucionales para lograr una justicia constructiva.

La jornada «Jóvenes en conflicto con la Ley Penal. Desafíos y prácticas institucionales para una justicia constructiva», organizada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -AEJBA- se realizó esta mañana con la presencia de destacados especialistas en la materia. Se debatieron experiencias en este campo específico y fueron planteados desafíos futuros para optimizar la labor de la justicia.

«Como legisladores nos nutrimos de sus experiencias y observaciones, lo que dicen quienes trabajan en el sistema es un aporte muy valioso» expresó en el cierre del evento el diputado Daniel Presti (PRO).

El presidente de la Comisión legislativa de Justicia recordó que en la víspera la Legislatura aprobó un convenio celebrado entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que avala la transferencia de servicios de atención directa y los recursos de los centros socioeducativos de menores en conflicto con la ley. De esa manera se traspasó el control de los centros socioeducativos de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez; y el dispositivo de supervisión y monitoreo con los recursos económicos, el personal a cargo y los bienes muebles.

«Sabemos que estos institutos están mal y nuestra responsabilidad es dar respuestas, herramientas para mejorarlos» apuntó el diputado que además integra la Comisión de Seguridad. Y añadió: «el traspaso es una oportunidad para brindar respuestas interdisciplinariamente, debatir y avanzar en el bienestar de los jóvenes en conflicto con la ley penal«.

Presti manifestó su conformidad con revisar el régimen penal de minoridad contenido en la Ley 22.278 y sus modificatorias aunque remarcó «el rol del Estado en lo previo a la institucionalización de los jóvenes, es decir en políticas de familia y simultáneamente, respecto a los que están en el sistema fortalecer el proceso de resocialización«.

Previamente, hicieron uso de la palabra el secretario adjunto de AEJBA y de capacitación de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal y el secretario general de AEJBA, Maximiliano García, quienes destacaron la calidad de los participantes y el nivel de las exposiciones.

Fachal explicó que «en la actualidad de los aproximadamente 65.000 criminalizados, 15.000 se encuentran en institutos de menores y de éstos el 48 por ciento son menores de 14 años, pobres«.

Participaron del encuentro realizado en el salón «Intersecretarías – Presidente Alfonsín» de la sede parlamentaria expositores especializados en la temática de la minoridad como jueces, abogados, fiscales, miembros de juzgados y peritos psicólogos de instituciones locales y nacionales.

El primer panel trató los siguientes temas: “Los jóvenes y la justicia. Sistema de responsabilidad, edad de imputabilidad y soluciones de fondo al conflicto de los jóvenes con la Ley penal. Aciertos y dificultades de la Ley de rito. Justicia restaurativa: La mediación como práctica institucional. Niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos”; mientras que el segundo se refirió a “Prevención de conflictos con la Ley penal en niños, niñas y adolescentes. Rol del Fiscal en el Proceso Penal Juvenil. Los jóvenes y las fuerzas de seguridad. Comentarios a la Ley CABA N° 2.451, comparación con otras jurisdicciones. Principio de especialización. Proceso penal juvenil: aspectos psicológicos, práctica actual y propuestas de cambio”.

La jornada fue declarada de Interés Social por la Legislatura porteña el 16 de mayo pasado, por iniciativa del diputado Clodomiro Risau (PRO).

AEJBA

En el año 2001, poco tiempo después que fuera creado el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ante la ausencia de organizaciones que representaran y defendieran a los trabajadores, un grupo tomó la iniciativa de organizarse sindicalmente y comenzó a impulsar distintas tareas gremiales para mejorar las condiciones laborales y salariales del sector.

Poco después, realizó las gestiones necesarias ante el Ministerio de Trabajo para hacer realidad la existencia de un sindicato a través del reconocimiento legal. Así, el 27 de diciembre de 2001 nació AEJBA, el primer sindicato de trabajadores judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.