A mediados de noviembre el Gobierno Nacional publicó dos decretos que en su momento quedaron eclipsados por los proyectos de reformas enviados al Congreso, pero cuyo potencial transformador puede ser tan importante como el de aquellos. Uno de los decretos, llamado Simplificación Normativa General, establece un manual de buenas prácticas para el funcionamiento del Estado, con foco en transparencia, agilidad y federalización. Y el otro modifica la Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación, facilita la incorporación de tecnología y abre procesos con un impacto sobre el derecho administrativo público similar a lo que sería reformar el Código Civil para el derecho privado.
En este marco, hacia adentro del Estado hay tres desarrollos claves para profundizar la transformación. El primero es dotar al Estado de la infraestructura tecnológica necesaria para optimizar prácticas y obtener mejores resultados. Desde que comenzó a implementarse la plataforma de Gestión Documental Electrónica, por ejemplo, ya se digitalizaron 24 millones de documentos, que se suman a los dos millones de expedientes nuevos mencionados antes. Además de en toda la administración nacional, el expediente electrónico ya está implementado en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Mendoza y Neuquén.
La base tecnológica de todos estos procesos permitió ordenar y transparentar las compras públicas, cuyas reglas hasta hace no mucho variaban según cada ministerio, se incumplían con frecuencia y en las que existía un abuso de procesos poco transparentes (y supuestamente excepcionales) como el “legítimo abono”.
Para sumar transparencia, integridad y eficacia al proceso de compras públicas, el Gobierno lanzó y empezó a usar las plataformas digitales Compr.Ar, para las compras de bienes y servicios, por la que ya se abrieron más de 4.000 procesos y se adjudicaron casi mil, por un total de 10.000 millones de pesos; y la más reciente Contrat.Ar, enfocada en proyectos de obra pública, que ya tiene 31 procesos abiertos y se adjudicaron los dos primeros, por 388 millones de pesos.
Estos cambios en el sistema de la obra pública, que promueven la competencia y dificultan la cartelización (se presentan 20 ofertas por licitación cuando antes se presentaban tres o cuatro), generaron ahorros por al menos 67.000 millones de pesos en estos dos años.
Un caso emblemático es la Ruta Nacional 19, que une San Francisco y Córdoba. La obra se licitó durante la gestión anterior por 9.000 millones de pesos. El Ministerio de Transporte la volvió a licitar con un presupuesto de 7.430 millones de pesos y la mejor oferta fue de 6.135 millones. Además, fue la licitación de Vialidad con más ofertas desde 1958.
El segundo desarrollo clave es contar con herramientas para un control de gestión eficaz. Esto incluye proveer metodología, procesos y sistemas para mejorar la toma de decisiones y evaluar el avance de los planes estratégicos. Por ejemplo, unificar en un solo sistema integrado los más de 25 sistemas de control de Recursos Humanos.
El tercero, más que un desarrollo, es un desafío: lograr que las mejoras lleguen a todo el país. Creemos que el Estado debe progresar de manera integrada, con un desarrollo parejo en todo el territorio. El objetivo es crear una red digital federal con sistemas interoperables, en la que municipios, provincias y Nación puedan intercambiar y utilizar información.
El programa País Digital, por ejemplo, busca el desarrollo de los 2246 municipios que hay en el país, que en definitiva son la unidad primaria en contacto directo con los ciudadanos. El Gobierno ya ha trabajado en estos meses con las autoridades de más de mil localidades, de todos los signos políticos, y en muchas de ellas ya se implementaron mejoras, como wifi gratuito o sistemas de control de gestión.
Otro punto clave es restablecer la confianza como concepto rector de la normativa del Estado. Esto es difícil de medir pero fundamental para profundizar el cambio cultural que el Gobierno propone.
Hacia adentro del Estado, el plan impulsa transparentar cuestiones que antes estaban ocultas, como las estadísticas, licitaciones y declaraciones juradas de funcionarios. Hacia afuera, recuperar la confianza del Estado en los ciudadanos.
El principio de “silencio por la positiva”, por ejemplo, incluido en el decreto de Simplificación Normativa General, establece un proceso para que si el Estado no resuelve en el plazo o la forma prevista el trámite quede aprobado, hasta que se demuestre lo contrario, en favor del ciudadano o la empresa.
Fuente: CARTA DE JEFATURA DE GABINETE DE LA NACIÓN
