Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich: “Las obras no se van a detener”

El Gobierno presentó hoy un fideicomiso dirigido a garantizar los procesos de la obra pública bajo el sistema de Participación Pública Privada (PPP), a través de la captación de fondos provistos por los bancos para que las empresas lleven adelante la ejecución de los proyectos comprometidos con el Estado.

Esta modalidad fue anunciada en una conferencia de prensa que ofrecieron en el Palacio de Hacienda, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, y el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías.

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También participaron la secretaria de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez; y el secretario de Participación Pública Privada, José Luis Morea.

“Hoy estamos acá para confirmar que las obras no se van a detener y las obras de PPP van a comenzar”, enfatizó Dietrich.

“Estamos comprometidos en cuidar el trabajo y continuar con las obras de infraestructura, esos caminos que salvan vidas, aeropuertos que nos conectan, transporte público que permite que viajemos mejor, más rápido y más seguro”, dijo.

El Ministro destacó que a partir de diciembre de 2015, el Gobierno modificó normativas para que las licitaciones de obra pública “no estén más cartelizadas, haya muchas empresas participando, mucha competencia, con toda la información en Internet, haciendo público todo el proceso de licitación”.

Subrayó que esas medidas “nos ha generado ahorros entre el 30 y el 50 por ciento de, por ejemplo, lo que cuesta construir una autopista hoy en el país, y que han permitido que hoy nos encontremos avanzando en el plan de infraestructura más importante de nuestra historia”.

El Banco Nación hará un aporte de entre 200 millones y 300 millones de dólares al fideicomiso de PPP y pondrá a disposición una línea de unos 30.000 millones de pesos para que las empresas constructoras puedan descontar certificados de la obra pública tradicional que hoy está en marcha.

Esto se dará en el marco de un control de transparencia que incluye, por ejemplo, que el Estado realice monitoreos sobre las empresas en cuanto a la ejecución de políticas internas de transparencia e integridad.

González Fraga señaló que “en línea con la búsqueda de la transparencia y consistente con lo que pretende la OCDE, estamos aprobando esta semana una nueva línea para grandes empresas vinculadas a la obra pública”.

El fideicomiso actuará de intermediario, tomando fondos prestados de bancos y luego girándolos a las firmas con el mismo financiamiento que venían negociando.

De esta manera, las entidades bancarias tendrán como cliente deudor al fideicomiso del Ministerio de Transporte y no a las constructoras.

La medida se adoptó por cuanto los bancos plantean dificultades para concretar el financiamiento en infraestructura, mientras la Justicia prosigue las definiciones sobre las empresas constructoras que aparecen mencionadas en diferentes tramas de corrupción de la gestión anterior.

En razón de los tiempos judiciales, se alcanzará así una solución de financiamiento en el corto plazo para que las obras empiecen a fines de octubre y principios de noviembre de este año, de acuerdo con el cronograma estipulado.

El fideicomiso captará la liquidez de 1200 millones de dólares que tenían los bancos para destinar a las obras PPP del primer año y que, debido a sus políticas de compliance (no prestarle a nadie que esté imputado en una causa judicial), pusieron estos créditos en pausa.

Mientras este fideicomiso da una respuesta en el corto plazo para no detener las obras, las empresas continúan avanzando en concretar su cierre financiero de largo plazo en los mercados de capitales internacionales.

Para garantizar los préstamos, la administradora presentará un sistema de garantías, incluyendo los 600 millones de dólares de caución que los consorcios habían depositado para la adjudicación y que aplicarían en caso de incumplir con sus contratos.

La solución es la misma que implementaron otros países de la región en los últimos años, tras la causa del “Lavajato”, y que la Ley de PPP incorpora a la luz del aprendizaje reciente de naciones vecinas.

Saravia Frías remarcó que “es voluntad del presidente Macri aplicar un nuevo marco ético y de integridad para la contratación de empresas públicas que hacen obra pública en nuestro país”.

“Aquellas personas físicas que tengan o se encuentren responsables penalmente, sea por adherir a la calidad de arrepentido o porque la Justicia así lo determina, deberán dar un paso al costado en su rol de socios estratégicos o directores de aquellas empresas que desean seguir realizando obras públicas en nuestro país”, puntualizó.

En cuanto a reducir el riesgo comercial, el fideicomiso deberá exigirles a las empresas garantías similares a las que los bancos comerciales les hubieran exigido de poder prestarles directamente y, eventualmente, garantías adicionales.

El fideicomiso exigirá a los contratistas cesión de garantía de derecho de crédito (incluso pago por inversión), títulos de reconocimiento de inversión trimestrales (la forma en que el Estado le paga a las empresas por las obras), garantías corporativas asociadas a los accionistas, prenda de acciones y fianzas personales.

Las empresas van a tener que adherir a un conjunto de normas éticas y de integridad para su actuación, elaboradas por los organismos de control competentes en la materia (SIGEN, OA, CNV, CNDC y UIF).

Esa adhesión va a significar aceptar que el Estado monitoree su cumplimiento y aplicación por las empresas.

Las contratistas deberán tener una suerte de auditor externo (aunque en determinadas condiciones puede ser interno) que funcionará supervisando temas de integridad o transparencia.  Esta función se conoce en el mundo de las finanzas como ‘Compliance officer’.