Por Martin Tetaz
El promedio de las consultoras que reportan al REM del Banco Central de la República Argentina (BCRA) midió un 3,8% de inflación en enero, pero el promedio es un poco mentiroso cuando hay mucha dispersión en el ritmo de aumento de los distintos precios, a punto tal que la estimación para la parte de la inflación que no controla el gobierno (núcleo) asciende a 4,1% lo que implica una velocidad anualizada del 61,9% y no se trata de un accidente puntual del primer mes del año, sino que llevamos cuatro meses consecutivos en un régimen de alta inflación.
Del otro lado del mostrador el gobierno insiste en buscar una convergencia al 29% y ese es el porcentaje al que acaba de cerrar una de las paritarias más importantes del sector privado, que suele ser techo de referencia, como es el caso de los bancarios. Es cierto que los conducidos por el kirchnerista Palazzo se guardan una clausula de revisión para septiembre, pero en el arranque le dan el beneficio de la duda al gobierno.
Está claro que los precios controlados por el ejecutivo, como las tarifas de los servicios públicos, las prepagas, los precios máximos de algunos alimentos y las de los servicios de comunicaciones están condenados a oficiar de ancla y no tienen chance de pasar ese nivel buscado por Guzmán, aunque puede haber heterogeneidad porque el gobierno ya anticipó que buscará aumentos de tarifas segmentados por tipo de consumidor (algo más fácil de decir que de hacer) y porque ya lo está haciendo por ejemplo con las empresas de servicios TIC a las que les autorizó 5% en enero a los prestadores con mas de 100.000 conectados, mientras que a los que tienen menos de esas bocas les concedió 8%.
Sin embargo, hay un 70% de los precios, que justamente son los que mide la inflación núcleo, fuera del radar oficial y la convicción del ala heterodoxa respecto de que la causa del aumento generalizado y sostenido en los precios es atribuible en realidad al aumento de los costos, va a ser puesta a prueba si como todo parece indicar, el resto de las paritarias siguen el ejemplo de los Bancarios.
Adscribiendo a esta teoría se necesita que el dólar también opere como ancla, como así también otros insumos difundidos, como el acero, el aluminio, el cemento, pero también los combustibles y las materias primas de los alimentos. Empezando por el billete americano, que regula buena parte de esos insumos, el propio BCRA lo dejó correr al 48,8% anualizado en la primera semana de febrero. Es cierto que en enero se movía más rápido; al 60,5% de velocidad anual, pero para que los costos converjan al 29% anual, el billete tendría que ir muy por debajo de ese objetivo en lo que resta del año, máxime cuando la afluencia de dólares que permita que éste opere como ancla, todavía está a tres meses de distancia. Puesto en otras palabras; el dólar oficial está obligado a ser el ancla de precios, e ir por detrás del resto de la nominalidad de la economía, desde abril en adelante.
Pero además, por mas que el BCRA aproveche la afluencia estacional de divisas que genera la cosecha y endurezca el cepo cuando pase la primavera del agro, está condenado a seguir dependiendo de la necesidad de financiamiento del tesoro, por lo que los ojos estarán puestos en el nivel del déficit fiscal y en la recuperación de la inversión, dado que solo en el escenario en que se mantenga muy bajo el ritmo de recuperación del stock de capital, habrá margen para conseguir financiamiento doméstico, sin necesidad de emitir tanto.
En el segundo trimestre del 2020, por ejemplo, hubo solo 9,6% de inversión sobre el PBI, pero en el tercer trimestre, con recuperación de la actividad ese ratio trepó al 14,3% lo que equivale prácticamente a todo el ahorro doméstico, sin que quede excedente para financiar al fisco. Si la inversión hace pie en 2021 cualquier intento por financiar el déficit fiscal con deuda en el mercado doméstico desplazará financiamiento privado y generará déficit de cuenta corriente, lo cual en un escenario donde no sobran divisas, resulta prácticamente imposible, forzando al fisco a cobrar más impuesto inflacionario.
Por supuesto el gobierno montará una pantomima señalando comerciantes, industriales o productores del campo, como los responsables de la inflación. Acaba de decirlo en una entrevista a Pagina12 cuando las periodistas le preguntaron expresamente si creía que la inflación era culpa de los especuladores. Contestó “Sí. Y ya lo saben. Estoy feliz de que podamos exportar, pero no puedo entender cómo puede ser que los argentinos convirtamos una oportunidad en un problema.” Minutos antes había dicho: “si el campo no entiende voy a subir las retenciones o establecer cupos”
Las retenciones y los cupos a las exportaciones reducen la inversión, impactando negativamente en la producción y disminuyendo, obviamente, las ventas al exterior, lo que implica menos divisas para el país, aumentando las chances de repetir una crisis de balanza de pagos, como las 15 que tuvo Argentina en los últimos 75 años, pero además haciendo que la economía necesite un tipo de cambio real más alto para equilibrar el sector externo. Como los salarios reales caen cuando sube el tipo de cambio real, el resultado del intento de bajar el precio de la carne es el de reducir los ingresos reales de todos los trabajadores, sin importar cuanta carne consumen. En el mediano plazo, además, se reducirán las cabezas de ganado, como ya ocurrió entre 2007 y 2011, presionando los precios de la carne también al alza.
El presidente y su gabinete lo saben perfectamente; son conscientes de que las materias primas del campo representan en promedio solo una cuarta parte del precio en góndola y que la medida no controla el 75% de lo que pagan los consumidores, pero hay elecciones este año y tampoco podemos descartar que se trate de una amenaza cuyo objetivo real sea el de acelerar las liquidaciones del campo, como lo ha sugerido el ex ministro Hernán Lacunza.
