Por Martín Tetaz
El mismo ministro que pocos días antes había dicho que no había ningún problema con la deuda en pesos y que el problema del país era que no fabricaba todos los dólares necesarios para pagar los compromisos en moneda extranjera, se sentó el miércoles en el Congreso y descubrió la fungibilidad del dinero; explicando que si un acreedor pretendía cobrar un bono en pesos y llevarse el dinero, debía comprar primero dólares y por lo tanto un bono emitido en moneda local, acababa siendo equivalente a uno en moneda extranjera si el bonista no aceptaba quedarse en el país.
El reperfilamiento de esa deuda en pesos tenía, no obstante, una lógica; la patinada de Kicillof con el PB21 y la baja participación en los canjes y licitaciones que siguieron, eran prueba suficiente de que al gobierno le estaban tomando el tiempo y si no se plantaba, incluso a riesgo de pagar un costo en términos aumentar la percepción de un eventual default del mercado, perdían credibilidad sus amenazas. El decreto que pateó el pago a fines del septiembre fue un correctivo.
El mismo ministro que metió un impuestazo en el Congreso en diciembre y que presentó la semana pasada una hoja de ruta en la que plantea cerrar la reestructuración de la deuda a fines de marzo, dijo que no habrá superávit fiscal hasta 2023, sugiriendo que pensaba poner sobre la mesa una propuesta de quita muy agresiva, que no contempla pagar un solo peso hasta entonces. Así lo entendieron los mercados que en la semana cayeron 6,1% (Merval), 5,8% (AY24) y 7,1% (TC20), lo que hace entrar a las paridades en un terreno compatible con una reestructuración peor a la ecuatoriana de 1999, como muestra este gráfico de la gente de SBS.
Cuarenta y ocho horas después, sin embargo, el Director de la ANSES Alejandro Vanoli, anunciaba un fuerte recorte en el aumento que a los jubilados y pensionados les tocaba por fórmula, que del mismo modo que ocurrió con el paquetazo de diciembre, se disfraza de solidario redistribuyendo migajas en los sectores bajos, aumentando 1,4% más a los retirados que perciben la mínima y a los receptores de asignaciones por hijo, pero al mismo tiempo recortando las prestaciones superiores a los $16.130, de suerte tal de producir un ahorro de 1,7% en el total de los beneficios que debía actualizar la suspendida fórmula de movilidad. Así, el aumento promedio en vez de ser del 11,56% como correspondía por Ley, acaba siendo del 9,8%.
El modelo que parece emerger claramente de esta contradicción es: Ajuste + Redistribución + Relato. Lo primero para calmar a los acreedores y hacer posible la reestructuración. Lo segundo y tercero, para sortear la restricción política que limita cualquier ajuste.
Si estoy en lo correcto, todavía hay alguna chance de que el gobierno haga una propuesta razonable en marzo y consiga el consentimiento de los bonistas para llegar a disparar las cláusulas de acción colectiva, despejar el default e iniciar el camino de la recuperación de la economía.
Si me equivoco y el relato se hace carne, el ministro va derecho a chocar con una pared a fines del tercer mes, no alcanza las mayorías necesarias y la economía entra en default, enterrando la posibilidad de recuperación en 2020 y empujando al gobierno a una radicalización de sus políticas.
