Para entender el desafío de la deuda argentina debemos tomar en consideración algunos datos. El valor total de la deuda es de 323.177 millones de dólares, equivalente al 88,8% de su PBI, según informó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su presentacion en el Congreso de la Nación.
A su vez, y según datos públicos de octubre de 2019, la deuda del país se divide entre organismos oficiales, internacionales y acreedores privados. La mayor parte de la deuda argentina corresponde a la emisión de títulos públicos por parte de la administración central y entes autárquicos del Poder Ejecutivo. Estos títulos de deuda representan un 64,7% del total. El 21,8% corresponde a organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional y el 8,5% a títulos emitidos por el Tesoro Nacional.
Además, y con respecto a los vencimientos que debería pagar la Argentina entre este año y el próximo, el monto sería de casi 58.000 millones de dólares en concepto de intereses y capital de la deuda que vence este año. Y para el año 2021, vencerían 29.000 millones de dólares aproximadamente.
Y con respecto a las perspectivas para la economía argentina en 2020, debemos señalar que el Fondo Monetario Internacional no ha publicado proyecciones de crecimiento sobre Argentina en su último reporte de 2020. A su vez hay que tener en cuenta que el pasado miércoles 12 de febrero llegó al país una misión del organismo internacional y se espera que al finalizar dicha tarea, el 19 de febrero, haya un comunicado oficial con mayores datos.
Con lo cual y en base a estos datos, podemos desarrollar algunas reflexiones:
1. Arrancando en un contexto de déficit fiscal, la trayectoria debía ser de convergencia hacia el equilibrio, tal que las necesidades de endeudamiento futuras sean decrecientes en el tiempo. Simultáneamente, al tratarse de deuda en dólares, el crecimiento de las exportaciones sería fundamental para incrementar la oferta de dólares disponibles en el mercado para ser comprados por el gobierno y repagar la deuda en caso de que se dificulte la renovación de los vencimientos.
2. El ministro de Economía, Martín Guzman, afirmó en el Congreso que el gobierno tiene una clara voluntad de pago, aunque en las circunstancias actuales le es imposible hacerlo. No obstante en el mundo de los mercados la voluntad de pago de un país no consiste en una simple afirmación, sino que en toda negociación lo más importante es la credibilidad de la otra parte sobre lo que se está diciendo o comprometiendo. Con lo cual, la principal herramienta con la que cuenta un país, en este caso la Argentina, para hacer creíble sus intenciones de pago de la deuda es la política fiscal. Entonces en este contexto es preciso explicar de forma creíble qué va a hacer el Gobierno para obtener los recursos en el futuro.
3. Se pueden delinear tres posibles caminos de la política fiscal para los próximos años: El primer camino indica que, sin tomar ninguna decisión en materia fiscal, inercialmente con una economía creciendo al 2% anual, las finanzas públicas se equilibrarían (antes del pago de los intereses de la deuda) en el año 2026 y se lograría un superávit primario de apenas el 0,3% del PBI recién en el año 2030. El segundo camino permitiría alcanzar el equilibrio primario en el año 2023 y contar con un superávit de “entre 0,6% y 0,8% del PBI unos años más tarde”, segun afirmó Guzmán. Y el tercer camino posible podría incluir revertir la reforma tributaria votada por el Congreso a fines de 2017 y retrotraer las alícuotas impositivas, y daría como resultado un equilibrio primario para el año 2022 y un superávit primario de 1% del PBI en 2026 y de 1,2% del PBI en 2027.
4. El equipo económico actual está mostrando muy poco compromiso con el restablecimiento del equilibrio fiscal y posterior superávit primario, con lo cual y aún en el escenario “más arriesgado”, la velocidad del ajuste en relación al período 2016-2019 es significativamente menor. Entonces si la corrección del déficit durante el gobierno anterior fue “gradualista”, la nueva estrategia presentada por el gobierno actual sería hiper gradualista. Tal como se plantearon tres escenarios en el punto anterior, es muy probable que políticamente luego sea difícil mantenerse sobre el ideal, por lo que una vez que comience a pasar el tiempo podría ocurrir que el equilibrio primario se demore un poco más, generando como consecuencia una dificultad mayor con respecto a las demandas sociales de los sectores mas vulnerables.
5. Si el ministro de Economía afirma que en esta situación no se puede seguir adelante con la reducción del déficit fiscal, entonces cuál sería la percepción de los acreedores frente a este escenario. ¿Es creíble para la negociación la voluntad de pago del gobierno si en los hechos implementa una política fiscal tan lenta? ¿Cómo se les explica a los acreedores que el mismo país que llevó adelante un recorte del déficit primario de más de 7 puntos del PBI en los últimos cuatro años ahora necesitará tres años más para tan solo recortarlo en 0,4 puntos del PBI? Más aún si este nuevo sendero implica volver a aumentar impuestos, ya que esto significaría que los mayores recursos obtenidos serían gastados en alguna partida del presupuesto y no ahorrados para mejorar la posición fiscal lo antes posible y hacer frente a los compromisos asumidos previamente.
6. Y de acuerdo a las afirmaciones del ministro Guzmán en el Congreso, se puede proyectar que el Gobierno del Presidente Alberto Fernández está pensando en una negociación con los acreedores que supone años de gracia en el pago de los intereses de la deuda o, por el contrario, que habría una mayor emisión monetaria para pagar los intereses de la deuda en moneda local y para comprar los dólares del superávit comercial (puede que no sea eterno) para pagar los intereses en dólares. Esta dinámica traería como consecuencia un sendero fiscal tan lento que implicaría necesariamente en los hechos una negociación más dura con los acreedores, dado que la voluntad de pago no sería tan consistente.
