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Diputada Jimena Latorre, sobre Vicentín: «La decisión del gobierno pone en grave riesgo a la propiedad privada»
Después del anuncio del Presidente Alberto Fernández con respecto a la intervención de la agroexportadora Vicentin, mediante la disposición del Decreto 522/2020 que fue publicado en el Boletín Oficial días atrás, un grupo de 25 de diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), presentaron un pedido de informes, mediante un proyecto de resolución, al Poder Ejecutivo Nacional para obtener precisa información contable y societaria de la empresa Vicentín S.A.I.C..
El pedido de informes cuenta con el apoyo de los diputados Federico Zamarbide, Claudia Najul, Brenda Austin, Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Dolores Martinez, Gustavo Menna, Diego Mestre, Alejandro Cacace, Ximena Garcia, Juan Martin, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro, Facundo Suarez Lastra, Karina Banfi, Estela Regidor, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Mario Arce, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate y Aida Ayala entre otros.
Con respecto a este tema, la diputada Jimena Latorre aseveró que “no conocemos cuál es la deuda exacta de la empresa, no conocemos quiénes están detrás de cada una de las empresas del grupo, hay una causa judicial en la que se está investigando a los directivos de la empresa y aún así se estarían comprometiendo los fondos públicos de todos los argentinos. Hay comprometidos fondos actuales y a futuro, el endeudamiento de dinero con el que hoy no contamos será enorme, y a ello se le sumarán los costos de juicios futuros ocasionados por las desprolijidades legales, incluida la inconstitucionalidad de la medida, que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos”.
Sin dejar de mencionar que decisiones de tal envergadura, ponen en grave riesgo a la propiedad privada y a la seguridad jurídica, desalentando la confianza para las inversiones productivas, que tanto necesita nuestro país para generar fuentes de trabajo.
Por otro lado, los legisladores solicitaron información referida a la nómina de empleados actuales de la empresa, el detalle de los accionistas mayoritarios y minoritarios de la compañía, como así también el estado de avance de la causa penal originada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación.
A partir de la trascendencia institucional que implica la decisión de “intervenir transitoriamente” la empresa, los diputados radicales, encabezados por los mendocinos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, solicitaron al gobierno nacional que brinde “el detalle de la composición del pasivo concursal, con indicación de la nómina de acreedores afectados, balance general y demás información relevante”.
También, pidieron que se informe sobre “hecho relevantes de Vicentín, previo a la declaración del estado de cesación de pagos, para poder tomar conocimiento de cualquier hecho que pudiera resultar significativo a los fines de evaluar ulteriores riesgos a tomar por parte del Estado”.
El proyecto finaliza argumentando que “resulta de importancia contar con esta información pública que debe estar al alcance de todos, para facilitar la transparencia de los procesos actuales y desestimando, si así lo indican los hechos, la existencia de conflictos de interés y cualquier otro indicio que resulte de dudosa legalidad”.