Ciudad de Buenos Aires: Desalojo impactante – Política 3D

Este desalojo se enmarca dentro de una política de control urbano que ya suma 410 intervenciones en la actual gestión, con el objetivo de frenar las usurpaciones, recuperar bienes públicos y asegurar el respeto a la propiedad privada.

Jorge Macri: “Vamos a ser inflexibles”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remarcó la importancia de estas acciones:

“Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley. Vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad, para llevarle más seguridad y tranquilidad a los vecinos: eso no se negocia”.

Operativos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires

La acción en Villa Crespo no es un hecho aislado. Días atrás, la Ciudad de Buenos Aires también recuperó una vivienda en Nueva Pompeya que había estado ocupada durante 15 años, desalojó un ex hotel en San Telmo y recuperó un predio en el cruce de Paseo Colón y San Juan, donde funcionaba un campo deportivo administrado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, liderado por Raúl Castells. Ese permiso estaba vencido desde hacía más de una década.

Además, el gobierno porteño viene llevando adelante megaoperativos contra la venta ilegal en el espacio público. En barrios como Once, Flores (sobre la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución, se avanzó con el desmantelamiento de ferias ilegales y puestos de manteros. También se liberaron veredas y plazas tomadas, al igual que espacios estratégicos como la calle Perette en Retiro, el Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y el Congreso.

Una política integral contra la ilegalidad en la Ciudad de Buenos Aires

El plan de ordenamiento urbano no solo se centra en desalojos, sino también en combatir prácticas como la presencia de “trapitos” en la vía pública. Según fuentes oficiales, se intensificaron los controles y se envió a la Legislatura Porteña un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes extorsionan a los automovilistas o impiden estacionar libremente.