El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria para La Pampa y Catamarca

En el contexto de la gestión del Ejecutivo Nacional, el Gobierno declaró hoy el estado de emergencia agropecuaria para La Pampa y Catamarca, medida que activa los mecanismos de asistencia para los productores de esas provincias cuyas actividades fueron afectadas por fenómenos climáticos.

El secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, firmó las resoluciones 199/2019 y 200/2019, publicadas hoy en el Boletín Oficial, de acuerdo con la recomendación emitida para ambas provincias por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), que es la encargada de analizar y dictaminar sobre los pedidos de los distritos afectados.

En el caso de La Pampa, la emergencia abarca las producciones ubicadas en el este, centro, oeste y sur de la provincia que se vieron comprometidas por la sequía, y se extiende desde el 25 de febrero hasta el 31 de agosto de 2019.

Para Catamarca, comprende los departamentos de Pomán, Andalgalá y Tinogasta, por el plazo de un año contado a partir del 26 de marzo de 2019 por las explotaciones de olivo que fueron afectadas debido a la acción del viento zonda combinado con altas temperaturas y baja humedad relativa.

Un total de doce provincias están bajo la declaración de emergencia agropecuaria, entre ellas Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe por causa de las inundaciones.

Para que puedan acogerse a los mecanismos dispuestos por la Ley vigente (26.509), los gobiernos provinciales deben remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la CNEyDA el listado de los productores afectados y la copia del certificado emitido por la autoridad competente.

La norma contempla una serie de beneficios impositivos y la postergación de vencimientos que operen en instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas.

Se aplica ante daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción o la capacidad de producción agropecuaria y que pongan en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales en el ámbito rural.