La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires logró el bloqueo Nacional de Uber

La Fiscalía de la Ciudad logró que se bloqueen a nivel nacional las plataformas digitales a través de las cuales se accede a los servicios de Uber. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad resolvió que se dé lugar a la solicitud del fiscal Martín Lapadú, quien llevó adelante la investigación contra la firma Uber Argentina.

La resolución de la Sala II, integrada por los jueces Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, confirma la medida de proceder al bloqueo de “las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa UBER ARGENTINA SRL o UBER B. V. en todo el territorio de la República Argentina”.

Asimismo, la resolución de los jueces confirma que “la empresa en cuestión organiza una actividad lucrativa sin autorización y que, entonces, se encuentra provisoriamente demostrada la materialidad ilícita” de su accionar.

Cabe resaltar que la investigación es llevada adelante por el Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, Martín Lapadú, quien ya había solicitado una medida cautelar al Ente Nacional de Telecomunicaciones, la dependencia encargada de que se arbitren los medios necesarios para bloquear la aplicación y el acceso al sitio web.

Para el fiscal de Cámara Martin  Lapadú, “ha quedado demostrado  que la empresa organiza una actividad lucrativa en la vía pública para la cual no tiene la habilitación correspondiente ni registran solicitud de trámite alguna. Esta medida de bloqueo de la página web y de la App, resultan ser el medio más idóneo para hacer cesar la continua y permanente contravención en que se sigue incurriendo».

“Estamos muy satisfechos con este fallo, que resulta ser el primero que realiza la Cámara Penal y Contravencional con respecto a un bloqueo Nacional de una página Web y app”, señaló el fiscal.

La investigación de la fiscalía entendió que “la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los pasajeros, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias, entre otras”, sostuvieron desde la Fiscalía de la Ciudad.