Por Martin Tetaz
Ese fue el número del déficit fiscal del Tesoro nacional en el 2020 y representa el 8,2% del PBI (tomando el dato del tercer trimestre como proxi del año). Es un numero difícil de leer, pero se trata de 2,3 billones de pesos, que fueron financiados en un 88% por emisión monetaria en un país que, paradójicamente no tiene moneda.
En un país con soberanía monetaria, la emisión es una suerte de colocación de deuda a tasa cero y por eso en buena parte del mundo desarrollado los enormes paquetes Covid no movieron la aguja de la inflación, porque esa misma tasa es la que pagaban los bonos soberanos; incluso en Europa asistimos a tasas negativas: bonos que operaban como una caja de seguridad, cobrando por guardar el dinero. Pero en un país con alta inflación es difícil que la gente quiera tener pesos por otro motivo que no sea meramente transaccional. En los Estados Unidos en el mes de abril y gracias al generoso envió de cheques por parte de Trump, el ingreso personal disponible de los americanos fue 13,4% mas alto que el mes anterior, pero el consumo fue 13,2% mas bajo. En otras palabras, la gente se quedó con la plata en los bolsillos. En las economías deflacionarias los programas de estímulo al consumo fracasan porque la gente, sabiendo que los productos estarán mas baratos mañana, posterga el consumo.
Pero en las economías con alta inflación, mantener saldos en moneda local equivalen a aceptar una tasa de interés muy negativa por el dinero, por eso el impacto de la emisión es fatal.
Si en los primeros meses del boom emisivo (marzo y abril) no hubo un shock de precios fue porque se cortó drásticamente la movilidad debido a la cuarentena y porque el Banco Central (BCRA) absorbió casi el 70% de los pesos emitidos, que fueron a parar a Leliqs y Pases. Así y todo, el circulante en poder del público aumentó 62% punta- punta en el 2020, pero en el promedio del 2020 hubo 70% más de circulante que en el promedio del 2019, porque la emisión se aceleró en el ultimo mes de aquel año.
Para evitar que el río de dinero inunde la economía, el gobierno usó cuatro diques; a saber: los precios máximos, el dólar oficial, las tarifas congeladas y la suspensión de movilidad jubilatoria, sumada al control de las paritarias. Como dice el Profesor De Pablo, esas medidas son atractivas cuando empiezan, porque permiten controlar los precios, pero luego son cada vez mas difíciles de eliminar y el daño que causan es cada vez mas grande con el paso del tiempo. Por ejemplo, la gente de COPAL advirtió en un comunicado a principio de año que los alimentos con precios regulados (máximos y cuidados) habían aumentado en promedio un 28% mientras que los costos se habían movido más cerca del 50%, a punto tal que los precios de productos alimenticios no controlados por el gobierno subieron 56,6%. La brecha entre los precios y los costos entra en el terreno de la insostenibilidad generando uno de tres males alternativos; desabastecimiento, mercados negros con mas inflación, o remarcaciones compensadoras de otras líneas sujetas a controles. Y cuanto más duran las prohibiciones, más grande se hace la brecha y peores son esas consecuencias.
Esta semana hubo un nuevo capítulo, porque los precios mayoristas treparon 4,4% los de los materiales de construcción 6,2% y los de la canasta básica alimentaria, que delimita la línea de indigencia, un 5,1% lo que equivale a una velocidad anualizada del 81%. Pero no es que haya un problema puntual con los corralones, o ahora con los alimentos; cada índice de precio sectorial que se conozca va a mostrar la misma historia. El problema es la inflación generalizada y si algunos productos no suben tanto es porque están siendo regulados por el gobierno.
La pregunta del millón es si el régimen monetario va a cambiar y todo parece indicar que no lo hará, o por lo menos no hay señales en el horizonte. Por lo tanto, la política monetaria está dominada por el déficit fiscal y de allí que sea tan importante monitorear los números de las cuentas públicas de enero y febrero, que suelen ser los mejores del año, pero también mirar la evolución de la pandemia, la vacunación y la predisposición a nuevas medidas restrictivas por parte del gobierno. Simplemente no parece haber margen fiscal para dar marcha atrás en materia de movilidad y todo parece indicar que el oficialismo piensa ser mas quirúrgico en una eventual segunda ola, tanto con las restricciones (admite toque de queda nocturno, pero rechaza volver a fase 1), como con los paquetes de aliviación; no habrá ATPs sino un REPO a cuentagotas y el IFE sería reemplazado por una asistencia exclusiva para jóvenes de 18 a 25 años, que son un tercio de los beneficiarios.
En cualquier escenario, los congelamientos seguirán, las tarifas reguladas no recuperarán la inflación y es muy probable que el dólar oficial sea el ancla de precios cuando empiecen a entrar las divisas del campo.
