En el marco de las funciones de la Legislatura Porteña y con lemas expresos de equidad, inclusión y solidaridad, los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron este jueves la Ley de Economía Social, que promueve la interacción entre unidades productivas de personas, grupos o sectores de mayor vulnerabilidad.
A partir de esta ley, se crea un registro de Unidades Productivas y se consignan “criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos”.
La “Unidad Productiva” es definida como persona o colectivo de personas que realicen “actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.
Asimismo, el texto toma en cuenta la “perspectiva de género” para el “empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias”; la inclusión de personas con discapacidades y la importancia del impacto ambiental.
Con esta ley se busca favorecer a estos trabajadores con exenciones impositivas, políticas de fomento del crédito a través de programas del Banco Ciudad y la constitución de un fondo fiduciario con aportes públicos y privados para “mejorar, ampliar o garantizar la producción u obtención de los productos o servicios vinculados a su actividad”.
Cabe destacar que podrán participar asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, sociedades, siempre que “tengan experiencia acreditable en el otorgamiento de créditos y microcréditos, brinden capacitación y/o asistencia técnica” a las unidades productivas. Es importante resaltar que la autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo en la reglamentación del articulado de esta nueva ley.
El primer precepto de la ley aprobada afirma: “Promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Social de la Ciudad”.
Es importante tener en cuenta que había varias iniciativas con respecto a este tema, del Frente de Todos; de la UCR, que hizo suya la propuesta de un particular, y de la Jefatura de Gobierno. Primó el proyecto oficialista, discutido y despachado en las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR), de Promoción e Integración Social (Lorena Pokoik – FdT) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ).
Se sancionó una ley que “tiene por objeto la promoción y difusión de las prácticas de agricultura urbana»
En el marco de las funciones del Parlamento Porteño, la ley sancionada este jueves por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires “tiene por objeto la promoción y difusión de las prácticas de agricultura urbana en la Ciudad, con el fin de favorecer hábitos de nutrición saludables, cuidar el ambiente y diversificar la producción y el consumo de alimentos con métodos sostenibles a través de la participación ciudadana”.
A partir de esta ley, se encomienda a la Jefatura de Gobierno -a través de la autoridad de aplicación- “elaborar campañas de difusión para promocionar los beneficios que brinda el desarrollo de la actividad de agricultura urbana”, además de brindar soporte técnico para su práctica sostenida, celebrar convenios con organizaciones, universidades, organismos, centros de investigación y capacitar a los habitantes a través de talleres.
“El Poder Ejecutivo podrá relevar los terrenos de dominio público o privado que se encuentren total o parcialmente ociosos, a fin de ser destinados al otorgamiento de permisos de uso para el emplazamiento de huertas de gestión pública-comunitaria”, afirman los fundamentos del proyecto.
El texto legal define los conceptos de agroecología urbana, huerta urbana, huerta pública comunitaria, huerta privada, compostaje; todas “formas alternativas de consumo y producción de alimentos que generen menor impacto en el ambiente”.
Se votó favorablemente una ley que promueve la adopción de políticas pro-competitivas
En el marco de las funciones del Parlamento Porteño y a propuesta de los diputados Hernán Reyes, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ) y con dictamen de la comisión de Presupuesto, se votó favorablemente una ley que tiene el objetivo de “velar por la libertad de elección, la libre concurrencia en los procesos de selección a partir de la remoción de barreras de entrada, la no cartelización y la adopción de políticas pro-competitivas”.
La aprobación de esta ley refiere a las formas de elección de sus contratantes que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Insta a “promover estrategias públicas para fomentar la convocatoria de nuevos proveedores”, la innovación tecnológica en los procesos y reclama “modificaciones normativas a los efectos de promover una mayor participación y concurrencia de empresas en el mercado”, y «en la detección de conductas anticompetitivas en procesos de selección públicos”.
Se aprobó la creación del Sistema de Compensación Ecológico (SI.CO.ECO)
En el marco de las funciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con despacho de las comisiones de Ambiente (Mercedes De Las Casas – VJ) y de Presupuesto, se aprobó la creación del Sistema de Compensación Ecológico (SI.CO.ECO), sobre reciclado, separación en origen, reducción de residuos sólidos urbanos, y promoción de la economía circular.
Cabe destacar que el sistema incentiva la recuperación de materiales definidos por la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana) mediante una compensación que se hará efectiva a través del otorgamiento de beneficios (entradas a obras de teatro, proyecciones cinematográficas, espectáculos musicales y de danza, museos, pasajes del bus turístico, visitas guiadas, descuentos en librerías, etc.)
A su vez, también se sancionó la ley de “capacitación y formación integral en materia ambiental y desarrollo sostenible para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es importante tener en cuenta que la forma y modo en que se dictarán los cursos será definida por vía reglamentaria.
