La Legislatura Porteña busca aprobar una “disposición transitoria» para los micros escolares

En el marco de las funciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de manera mayoritariamente virtual aunque también con diputados presentes en la Legislatura, hubo este martes diversas actividades de las comisiones de asesoramiento parlamentario que analizan los proyectos que luego deben ser debatidos y votados en sesiones ordinarias.

En este contexto y por segundo día consecutivo se concretó la Audiencia Pública referida a modificaciones correctivas y adecuaciones del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, sancionado en diciembre de 2018. Por videoconferencia hubo una numerosa y pluralista participación de vecinos, profesionales, corporaciones, organismos, asociaciones civiles, funcionarios y legisladores, bajo la presidencia de Victoria Roldán Méndez (VJ), de la Comisión de Planeamiento Urbano.

A su vez, también deliberaron diputados de las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que preside Laura Velasco (FdT), y de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, conducida por Victoria Montenegro (FdT).

En Derechos Humanos expusieron expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, en referencia a un proyecto de ley de la legisladora Montenegro, que impulsa la creación de un fondo para la investigación y actuación de esta entidad civil sin fines de lucro especializada en el análisis de restos óseos para identificar científicamente a personas desaparecidas, soldados desconocidos, víctimas de trata y femicidio.

Asimismo, la Comisión de Tránsito y Transporte, que conduce Cristina García (VJ) se aprestaba a emitir dictamen sobre un proyecto de la propia legisladora y otros diputados del bloque oficialista, destinado a aliviar la carga de responsabilidades sobre uno de los sectores afectados por las consecuencias de la pandemia y la emergencia sanitaria. Se trata de los responsables o propietarios de vehículos colectivos para el transporte escolar.

Las unidades de esa modalidad específica de transporte, que abarca a estudiantes de escuelas de gestión estatal o privada, deben ser renovadas tras cumplir los 20 años de antigüedad, además de ser sometidas anualmente a revisión técnica vehicular, según lo dispuesto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.

Atento a la crisis del sector -casi paralizado por la suspensión de clases presenciales en las escuelas-, se busca aprobar en la Legislatura una “disposición transitoria, de manera excepcional” para que durante los años 2021 y 2022 no rija este requisito de recambio de autobuses, aunque manteniendo la obligatoriedad de la VTV anual.