Sesión Ordinaria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Eximen de ingresos brutos a empresas de gas y aguas

Lo aprobó la Legislatura en base a un proyecto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para inducir una baja en los costos de esos servicios para los usuarios. Hubo debate con diversidad de discursos y propuestas.

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron hoy, por amplia mayoría, una ley que exime del pago de impuestos sobre los ingresos brutos durante el resto del ejercicio fiscal 2018 a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y Metrogás S.A.

El objetivo de esa medida propuesta por el Poder Ejecutivo porteño está explicitado en el artículo segundo de la norma, donde se estipula que «la presente exención solo será procedente si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios».

La ley votada aclara que ese beneficio fiscal «no alcanza a las actividades financieras y los servicios de financiación, así como otras actividades no relacionadas con la prestación de los servicios públicos» por parte de las compañías prestatarias de los servicios de distribución de gas natural y aguas corrientes.

La norma quedó sancionada con 52 votos afirmativos, 3 negativos (FIT y AyL) y 2 abstenciones (PTS-FIT) y su tratamiento dio lugar a un debate intenso con pluralidad de opiniones, críticas y propuestas.

Sobre la temática hubo varios proyectos, de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Gen y Frente de Izquierda, manifestando preocupación o rechazo a los incrementos del costo de los servicios públicos para los vecinos. Una de las iniciativas de ley (de BP y Gen) proponía eximir del 100% de ingresos brutos a los usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas en las facturas de gas natural y de energía eléctrica.

En la comisión de Presupuesto, que preside Paula Villalba (VJ), primó el oficialismo y se aprobó un despacho de mayoría basado en el proyecto del Ejecutivo. Lo que se sometió a debate y votación, por lo tanto, fue la eximición de ingresos brutos para las empresas proveedoras y no para los usuarios o clientes de los servicios, en la suposición de que la merma de costos impactará en una reducción de las tarifas. Una observación del legislador Gabriel Solano (FIT) requería el archivo del expediente.

Igualmente, Sergio Abrevaya (GEN) y María Rosa Muiños (BP), insistieron con sus propuestas pretendiendo modificar el articulado del proyecto durante la votación en particular, pero no lograron los votos suficientes, por lo que la norma quedó sancionada tal como la redactó el Poder Ejecutivo.

La eximición impositiva es «hasta el final del año porque a partir del período 2019 comienza una fuerte reducción de alícuotas en varias actividades económicas y en particular, en las relacionadas a las de los servicios públicos, conforme al Consenso Fiscal firmado por la Ciudad», se explicó durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Presupuesto y lo reiteró el oficialismo en el recinto.

El gobierno informó que en la Ciudad hay 300 mil hogares que tienen la tarifa social y que “es la jurisdicción del país con menor carga tributaria en las boletas de servicios públicos y que nunca ha utilizado el mecanismo de adicionar a las facturas tributos en cabeza de los vecinos”.

También se indicó que la administración local ofrecerá gratuitamente lámparas “led” a los vecinos, “lo que conlleva un ahorro de hasta un 14% en el consumo domiciliario” y que las eximiciones impositivas a AySA y Metrogás tendrán “un costo fiscal de $ 1.500 millones que va a ser financiado reprogramando alguna de las obras que tiene en vista la Ciudad”.

El debate en el recinto

Del intercambio de opiniones participaron Paula Villalba, Claudio Romero, Claudio Cingolani y Agustín Forchieri (VJ); Fernando Vilardo (AyL), Gabriel Solano, Myriam Bregman y Patricio del Corro (FIT), Sergio Abrevaya (Gen), Roy Cortina (PS), Marcelo Depierro (MC), Mariano Recalde (UC), María Rosa Muiños (BP) y Juan Nosiglia (Suma+).

Villalba defendió la propuesta del oficialismo, habló de la crisis energética heredada y de la política de subsidios, a la que calificó de “injusta”, por las inequidades entre distritos, y “perversa”, por las distorsiones que generó. “Esta es una propuesta activa con resultados concretos sobre la boleta y esperamos que sea imitado por las provincias, como ya lo hizo la gobernadora María Eugenia Vidal”, afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Habló de “tener patrones de consumo más responsables” y aseguró que el Gobierno “seguirá cuidando a los más vulnerables”. Anunció que “en 2019, unos 80 mil vecinos de villas y asentamientos serán incorporadas a los servicios”.

Su compañero de bancada Romero se expresó en similar sentido y afirmó que hoy se gobierna “con coraje y con la verdad”. Cingolani, en tanto, acusó con énfasis que “ellos buscan el ajuste, porque si no nos permiten cobrar las tarifas ¿de dónde va a salir la plata?” y siempre en referencia a la oposición, enfatizó que “ellos le garparon (sic) al FMI con las reservas argentinas y después le pagaron intereses usurarios a Venezuela e importaron energía por 4.500 millones de dólares”.

“Algunos, lo único que quieren es que al gobierno le vaya mal, lo que significa que quieren que le vaya mal al país y a los argentinos”, abundó Forchieri, quien pidió recordar “de dónde venimos” y preguntarse “¿cómo salimos de esto?”.

Recalde, en nombre de Unidad Ciudadana, dijo que el presidente de la Nación es “el mismo tipo que aplica tarifazos enormes y viene a proponer un paliativo. ¿Por qué no revisan sus políticas?  Deberían revisar sus discursos, sus promesas de campaña”, expresó.

«Esta pequeña quita de algún impuesto a algunos servicios es puro maquillaje y una obra de marketing de Durán Barba. Donde pudieron aplicaron tarifazos despiadados y ahora le quieren hacer creer a la gente que están preocupados por ellos y les van a devolver 4 pesos, 5 pesos o 40”, continuó Recalde en sus críticas.

El legislador kirchnerista también vaticinó que “van a seguir cargando sobre la gente el costo de sus políticas” y si bien admitió que en el anterior gobierno “hubo déficit fiscal” comparó que “ahora lo han empeorado y encima le quitaron los subsidios a la gente”.

Nosiglia, del interbloque Evolución, tachó de “muy poco significante para las boletas” la baja que se presume y si bien adelantó el voto positivo de su bloque, se quejó por la falta de información a “especificaciones que pedimos para saber cuáles son las obras que serán postergadas” por la merma en recaudación impositiva que se producirá.

“No vamos a convalidar que, entre tantos gastos irrelevantes, se suspendan las obras de infraestructura en educación o la urbanización de las villas”, advirtió el diputado de Suma +, quien también reclama “conocer a quiénes se les distribuirá 5 millones de lámparas led, a quiénes, con qué criterio y a qué costo”

Muiños, del Bloque Peronista, contrapuso “los aumentos más del 1.000 %, la inflación anual del 20% al 25% y paritarias del 15% al 17” para demostrar que la política tarifaria “impacta negativamente en la distribución del ingreso y en el crecimiento económico”. Reclamó explicaciones oficiales para saber “a qué corresponde” el 6% que pagan los usuarios sobre sus facturas de luz en concepto de “contribución municipal”, para “saber a quién estamos subvencionando”.

La legisladora justicialista también solicitó “suspender los aumentos de otras tarifas como subte, peajes, estacionamientos” y manifestó su adhesión a los cambios del proyecto propuestos por el diputado Abrevaya, del Gen.

“El proyecto nuestro con Muiños –explicó Abrevaya- es que la exención de ingresos brutos sea para los usuarios residentes y para las pymes, porque no tenemos por qué dejarle de cobrar a los bancos”, ejemplificó. También pidió incluir en la quita a los servicios eléctricos de domicilios y pequeñas y medianas empresas. Protestó, asimismo, que “la Ciudad no tiene incidencia alguna en los entes reguladores” de gas y luz.

Los bloques de izquierda fustigaron con severidad al gobierno nacional y relacionaron el tema de las tarifas “con el ajuste y la vuelta al FMI”. Vilardo (AyL) dijo que “tocan el bolsillo a la población, no a los especuladores financieros que se llevan los dólares afuera” y pronosticó que “Estamos en los umbrales de un gran saqueo a través del acuerdo con el FMI y la política de endeudamiento”.

“En medio de una crisis social y económica nos vienen a proponer que la solución es bajar 20 pesos la factura de gas”, ironizó Solano después de haber cuestionado las políticas oficiales y el anuncio sobre el Fondo Monetario Internacional. “Es cierto que la crisis fiscal viene del gobierno anterior, pero este gobierno la agravó”, sentenció.

Sus compañeros del FIT, Bregman y Del Corro, aseveraron que “esta vuelta al FMI es la peor noticia para el pueblo trabajador” y llamaron a “resistir ese acuerdo en las calles, con movilizaciones”. “Ahora nos quieren devolver 4 ó 5 pesos cuando nos roban de a miles”, exclamó Bergman.

Para Roy Cortina, lo que se sometió a consideración es “una rebaja insuficiente pero una rebaja al fin”. Exigió reclamarle a las empresas prestatarias de los servicios porque “históricamente el círculo rojo empresario ha sido miserable con el país”. “La reducción es irrisoria, el ajuste es terrible, estamos en contra de los tarifazos y de las políticas del gobierno, pero preferimos que la gente page 96 y no 100”, resumió el socialista, quien además pidió a los gobernantes “ya dejar de hablar de herencias”.

Depierro se manifestó “a favor, sabiendo que estoy votando nada”, comentó que “preferiría obras a favor de los vecinos” en vez de un déficit recaudatorio previsto de 1.500 millones de pesos para ahorrarle unos 18 pesos mensuales a cada usuario. “Tenemos que tener un debate más adulto”, demandó.