En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la “Jornada sobre Ejecución Penal: Tensión entre las demandas de seguridad y libertad anticipada del condenado”. La misma fue organizada por el Centro de Formación Judicial junto al Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA.
El panel de apertura estuvo a cargo de la Vicepresidenta del TSJ, Ana María Conde y contó con la disertación de la Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Marcela I. Basterra, el Ministro de Justicia y Seguridad porteño Martín Ocampo, el Legislador Daniel Presti, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares y la Presidenta del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA Marcela Paz.
En su discurso de apertura, la jueza Ana María Conde agradeció a los expositores y público asistente y sostuvo que el valor de plantear este debate reside principalmente en “analizar la tensión que existe actualmente entre las demandas que la sociedad erige a los poderes públicos en materia de justicia y seguridad”. En ese sentido, la magistrada recalcó la necesidad de “trabajar equilibradamente sobre los derechos de las víctimas de delitos y la libertad anticipada en cualquiera de sus modalidades de las personas condenadas a penas de prisión”.
A su turno, la Presidenta del Consejo de la Magistratura Marcela I. Basterra, explicó la importancia que debe tener “la búsqueda de consenso entre las demandas de la sociedad y la libertad anticipada de los condenados”. Además, describió la responsabilidad de los medios de comunicación como formadores de opinión y detalló la injerencia que éstos ejercen en el pensamiento de las sociedades al plantear temáticas vinculadas con esta cuestión: “Muchas veces los medios van sacando sus propias conclusiones con un juicio paralelo y nada tiene que ver hacia dónde va a investigar la justicia”, expresó.
Basterra también se refirió el traspaso de competencias que aguarda ser refrendado en el Congreso Nacional y analizó que unas de las tareas que tendrá que asumir la Justicia porteña será “compatibilizar con el sistema acusatorio local aquello que viene para tener una buena normativa que sea comprensiva de ambos sistemas”.
También, describió la Ley 24.660 sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad que establece los presupuestos mínimos que tiene que tener un servicio penitenciario, como herramienta a tener en cuenta en el marco de este proceso. “Tenemos que estar abiertos a algún tipo de reforma para disminuir la tensión. Estamos ante un pase que implica un cambio en el sistema penal existente, entendiendo que el sistema acusatorio con el que contamos en la Ciudad es muy superior”, indicó.
Por su parte, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, manifestó: “Lo que debemos hacer como gestores de sectores públicos es entendernos como parte de un sistema. Hay que darle respuesta a las necesidades de la ciudadanía y para que en nuestra ciudad se sientan más seguros requerimos de políticas de seguridad para la prevención”. En ese sentido, el funcionario remarcó: “Tenemos que modificar muchas de las instituciones y darle un sentido práctico a aquello que la comunidad espera como cambio de nuestra justicia”.
Al hacer uso de la palabra, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, declaró que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vive un momento fundacional con el traspaso de competencias y como tal “se tiene la oportunidad de analizar aquello que ha sucedido a nivel nacional y federal para tratar de no replicar los errores y prácticas”. Asimismo, explicó que la tensión entre las demandas de seguridad y libertad anticipada del condenado “pueden ser conflictivas por las percepciones con la sociedad y la visión que tienen respecto a la salidas anticipadas y la ley de ejecución penal”. “Además de tener una gran actualidad a los temas sensibles de la política criminal que están en la agenda pública traen grandes desafíos al proceso de transferencia que está viviendo la ciudad”. concluyó.
Por su parte, el Legislador porteño Daniel Presti, argumentó que en este lineamiento “se vienen debates profundos en materia de políticas a mediano y largo plazo”. Y subrayó que en la órbita porteña “tiene que venir un análisis profundo más allá de que el vigente es bueno”. “Con el traspaso hay que mejorarlo y hay que empezar a pensar y diagramar un servicio penitenciario local, cuáles son las causales de excarcelación o prisión preventiva”, dijo.
Al finalizar la apertura, la Presidenta del Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA, Marcela Paz, expuso: “la Ciudad está en un hito fundamental de poder hacer un sistema integral de servicio penitenciario. No hay nada mejor que hacerlo desde cero con la posibilidad de desarrollarlo cumpliendo estándares nacionales e internacionales”.
El primer panel abordó la temática “Demanda de seguridad y percepción social de las medidas alternativas a la prisión” y contó con la disertación de la especialista italiana Luisa Ravagnani, el Secretario Administrativo del Senado de la Nación, Helio Rebot y la moderación dela jueza Cristina Lara.
El segundo panel titulado “Visión de la problemática desde la óptica de la víctima, justicia y sociedad”, estuvo conformado por Gladys Cabezas, la Jueza Nacional de Ejecución Jimena Monsalve, el Defensor Nacional de Ejecución Pablo Corbo, el sociólogo Kevin Lehmann y la moderación de Ángeles Burundarena.
