Sesión Ordinaria en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Se aprobó el Presupuesto 2019 por un monto de 321.457 millones de pesos

En el marco de las funciones que desarrolla la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Parlamento Porteño aprobó y convirtió en ley el presupuesto general de gastos y recursos para la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ejercicio 2019, que totaliza un monto de 321.457 millones de pesos, un 22,7% más que lo estipulado para 2018.

El proyecto llegó al recinto de sesiones este jueves con despacho de la comisión presidida por Paula Villalba (VJ), y fue aprobado con 34 votos positivos de Vamos Juntos; 16 votos en contra de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, FIT, AyL, y 9 abstenciones de Evolución, PS, MC y Gen. Las leyes de modificación al Código Fiscal y Tarifaria fueron votadas a favor por Evolución, por lo que en ambos casos los resultados fueron: 39 positivos, 16 negativos y 4 abstenciones.

El Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2019 totaliza un monto de $ 321.457.194.702. Comparativamente, el Presupuesto de 2018 alcanzó la suma de $ 254.317.009.959. Mediante la Ley N° 5915, se aprobaron $ 222.382.757.909 el 30 de noviembre del año 2017. Una primera ampliación se hizo el 16 de agosto último por $ 23.500.252.050; la segunda fue el 18 de octubre por un monto de $ 7.000.000.000; y otra, se efectuó el 15 de noviembre pasado por $ 1.434.000.000.

El gasto total aumentará casi 23% interanual, el ABL en un promedio de 34% y un máximo de 38%. Se autoriza la emisión de deuda por 15.000 millones de pesos, se prevé un balance equilibrado, sin déficit, y se confirman bajas graduales en las alícuotas de impuestos a los Ingresos Brutos.

Paralelamente, también se sancionó la ley tarifaria para el año próximo, que actualiza las alícuotas, aforos y aranceles de impuestos, tasas y otras contribuciones, y las correspondientes modificaciones al Código Fiscal. Se establece «un tope de aumento del 38%  para los tributos que recaen sobre los inmuebles radicados en la Ciudad», si bien se informó que el alza en ese rubro será de un promedio del 34%. El valor anual de estas imposiciones no podrán superar el 1 % del valor de mercado del inmueble.

También se prevé la continuidad del plan de reducción de alícuotas de Ingresos Brutos para construcción, industria, transporte y comunicaciones, así como el impuesto de sellos irá disminuyendo desde 2020.

El presupuesto incluye el plan plurianual de inversiones públicas y las fuentes de financiamiento. Al respecto, se fijó en 15.000 millones de pesos o su equivalente en dólares el monto máximo del crédito a corto plazo y, por igual monto nominal, se autoriza al Gobierno a emitir Letras del Tesoro.

La norma propuesta por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad tuvo un largo e intenso tratamiento en la comisión legislativa de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, a la que concurrieron funcionarios del Ejecutivo y de organismos para informar la afectación presupuestaria y los planes de cada área de gestión.

El Gobierno sostuvo que este presupuesto es «financieramente equilibrado y sin déficit», que «se sigue priorizando la inversión en áreas sociales» y que incide una «alta inversión en gasto de capital». También se aseguró el respeto a las normas del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscripto con la Nación y las provincias. El Pacto Fiscal le costará a la administración metropolitana unos 13.000 millones de pesos, por bajas de impuestos que debe cobrar y alzas en subsidios que debe asumir.

Sobre el ABL e Inmobiliario

Según las explicaciones formuladas por funcionarios de la Jefatura de Gobierno en la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y en base a lo establecido en la ley tarifaria, en el Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL, «se prevé un incremento promedio del 34% (en la alícuota) con un tope del 38%».

Se anunció que «aquellos que no tengan deuda y adhieran su pago al débito automático tendrán una bonificación de la última cuota del año. Este beneficio se sumará al 10% de descuento ya existente por buen cumplimiento». Con estos beneficios, el aumento promedio del 34 por ciento queda reducido en términos reales a un 26 por ciento para quienes estén al día y con débito automático.

El esquema presentado por el Ejecutivo ante los diputados de la Ciudad es el siguiente:

– Un 30% del padrón de contribuyentes tendrá alzas inferiores a $100 mensuales.

– Un 35%, recibirá aumentos de entre $100 y $150.

– Un 20% pagará de más entre $150 y $450

– Un 5% abonará incrementos superiores a $450

– El 10 % restante goza de diversas exenciones.

Detalles de gastos y recursos

Sin contabilizar intereses de la deuda, el resultado primario (ingresos totales menos egresos totales) es superavitario en $ 25.815 millones.

Aumentos de gastos corrientes y de endeudamientos se mantienen por debajo del 15%. El gasto corriente es el 83% de lo presupuestado.

Ingresos tributarios se calculan en $ 295.000 millones, incluida la coparticipación. Ingresos Brutos representa el 54 % de los recursos; inmuebles, 7,7%; sellos, 7,3%; automotores, 3,3%.

De los ingresos «no tributarios» el más importante es multas (46%), luego tasas, derechos y otros.

El 51% de gastos e inversiones es por «Servicios Sociales», incluyendo Educación, Salud, Desarrollo Social, Vivienda y Cultura. Dentro de esa torta, un tercio es para Educación, otro tercio es para Salud y casi un 20% para Promoción Social; 7,4%, para Viviendas.

En Seguridad, la CABA aumentará 31,4% el presupuesto y destinará $ 46.500 millones (un 14,5 de todo el presupuesto).

El gasto en personal representa el 44,3% del total y es un 26% mayor que el de 2018.

La administración de la Ciudad asumirá el pago de nuevos subsidios, que antes aportaba la Nación: $ 4.100 millones al transporte de colectivos; $380 millones por tarifa social de AYSA; $ 700 millones por tarifa social de electricidad.

La inversión en infraestructura será de $ 51.640 millones, un 16% del gasto total: 4.033 millones para subtes, 4.100 millones para seguridad, 5.150 millones en urbanización del Barrio 31 y 4.916 millones en obras del IVC en villas Fraga, 20-Para Francisco, Rodrigo Bueno y de la zona Acumar. Para obras hidráulicas irán $ 2.460 millones, incluido el final de la canalización del arroyo Vega.

Las obras previstas incluyen los nuevos edificios ministeriales de Educación, en el Barrio 31 de Retiro, y de Desarrollo Urbano, en la villa Oculta de Mataderos.

La mayor erogación será en concepto de salarios u otro tipo de remuneraciones, por más de $ 142 mil millones, donde las previsiones de incrementos de haberes son del 26,2%.

La Ciudad renovará deudas que vencen el año próximo por 270 millones de dólares y hará desembolsos por 187 millones de dólares por financiamientos de obras de infraestructura de organismos multilaterales de crédito.

Las fuentes financieras totalizan, para el ejercicio 2019, $ 28.74 millones.. Los servicios de la deuda por intereses y comisiones previstos para 2019 se estiman  en $ 26.126,8 millones y los servicios de la deuda por amortización, en $ 16.293 millones.

Lo que se denomina «Administración Gubernamental», que concierne a los tres poderes, tiene asignado en total más de $ 40.000 millones, de los cuales el 43,6% es para el Poder Judicial (incluye Consejo de la Magistratura y Ministerio Público), 25,2 % es para la Dirección Ejecutiva, 12,3% a la administración fiscal, 10.4% para Legislatura y 8,6% en organismos de control de gestión (Sindicatura, Auditoría Ente Regulador, Defensoría del Pueblo).

El debate en el Recinto

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Presupuesto, Paula Villalba (VJ), quien trazó las líneas principales y los guarismos macros del proyecto gubernamental para concluir que se trataba de una contabilidad  «financieramente equilibrada, cumplible, con déficit cero y, por segundo año consecutivo, con equilibrio fiscal».

La vocera de la bancada oficialista, anticipándose a las críticas de la oposición, aseveró: «Desde que asumió Mauricio Macri en 2007, llevamos en la Ciudad 12 años de administración sostenible y equilibrada, hubo 13.000 millones de dólares invertidos en obras de infraestructura y sólo 3.000 millones de deuda en dólares. Nunca se usó la deuda para gastos corrientes y el 80 por ciento de las obras se financiaron con fondos propios».

La postura de Unidad Ciudadana fue expresada por Carlos Tomada,  jefe de la bancada, para quien «el presupuesto poco tiene que ver con las necesidades de los porteños»; habló de «política de ajuste» y del «modelo neoliberal» para luego enfatizar: «Este programa económico no ha funcionado en ningún país y nunca».

Tomada aseguró «los gobiernos nacional y de la Ciudad no reparten el esfuerzo equitativamente. El mayor sacrificio es para quienes tienen menos posibilidades de defenderse y, encima, es un sacrificio inútil», dijo. También planteó que la Nación «transfiere el costo del ajuste a la Ciudad y a las provincias».

Desde la izquierda, Gabriel Solano (FIT), Patricio Del Corro (PTS-FIT), Fernando Vilardo y Marta Martínez (AyL), atribuyeron los números presupuestarios a imposiciones del FMI, a la política económica nacional y «al tremendo ajuste contra los trabajadores». Solano presentó al voto en contra de la izquierda «como un acto de responsabilidad, porque esto es un dibujo».

Francisco Nosiglia, en nombre de la bancada Evolución, dijo que «el macrismo sistemáticamente subestima el déficit en todos sus presupuestos» y puso como ejemplo que el actual período contable 2018 de preveía oficialmente con déficit cero y «vamos a terminar este año con un rojo de unos 8.000 millones de pesos», señaló.

También acusó Nosiglia «los gastos innecesarios y ejemplos de mala administración» y la «preocupación por la creciente deuda y sus intereses», si bien anticipó su respaldo a la ley tarifaria que contiene reducciones del impuestos de IB para el sector productivo.

El Bloque Peronista votó por la negativa y su jefa, María Rosa Muiños, explicó que lo presupuestado «desconoce el actual contexto económico y social» al punto tal que, como ejemplificó que, «como nunca, este año se sucedieron tres ampliaciones presupuestarias que superaron en total el 15 por ciento» de lo pautado.

A su vez la legisladora Muiños puntualizó la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos del Estado capitalino, protestó por el aumento de la deuda pública y reclamó «rediscutir las prioridades y los montos de las obras públicas, así como la matriz tributaria de la Ciudad».

El diputado Claudio Cingolani (VJ) salió a replicar las críticas opositoras e ironizó que «no hay ninguna conspiración internacional, ni de los banqueros, ni de los buitres ni de las corporaciones patronales para perjudicar a los vecinos de la Ciudad», y agregó que «el Gobierno de la Ciudad puede dar muestras de sus políticas activas, de que sus políticas sustentables tienen eje en los vecinos y que el plan de infraestructura en marcha es el más grande del que se tenga registro en la historia de la Ciudad».

Por su parte el legislador Roy Cortina (PS), criticó el plan de gestión y las prioridades establecidas; Marcelo Depierro (MC), para quien lo presentado «es de cumplimiento imposible», y Sergio Abrevaya (Gen), quien hizo hincapié en «la disminución de los fondos para Educación y Salud». Silvia Gottero, (BP) por su parte, intervino para solicitar una actualización de las unidades fijas asignadas al Fondo del Deporte, que fue aprobado.

La discusión fue cerrada por Villalba, quien apuntó algunos cambios en particular propuestos, pero antes respondió las objeciones de otros bloques: los montos asignados a desarrollo social aumentaron 48% a valores constantes entre 2007 y 2019; los de Salud, en un 30% y los de Educación en 25% en términos reales, informó la diputada del PRO. También sostuvo que los créditos obtenidos «siempre van a gastos de capital, a inversiones en obras y nunca a gastos corrientes» y dijo que «antes el 95% de la deuda era en dólares y hoy solo el 5% es en moneda extranjera».

A propuesta de Cingolani, se aprobó un cambio de texto en particular para explicitar que las «reestructuraciones» presupuestarias autorizadas al Poder Ejecutivo no podrán superar el 15% de la distribución funcional ni el 5% por objeto. Además, deberán ser informadas las reasignaciones a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, dentro de los 30 días hábiles».