Sesión Ordinaria del Parlamento Porteño: Se legalizó el traspaso del sistema eléctrico a la Ciudad de Buenos Aires

En el marco del traspaso del sistema eléctrico a la Ciudad de Buenos Aires, y con la aprobación de la Legislatura Porteña, quedó legalmente ratificado hoy el acuerdo por el cual el Estado Nacional está transfiriendo a los Gobiernos Porteño y Bonaerense el ejercicio jurisdiccional conjunto de la distribución del servicio de energía eléctrica en el Área Metropolitana (Capital Federal más Conurbano provincial).

El traspaso ya está en marcha desde comienzos de 2019 pero su validez, en la CABA, quedó «ad referendum» de la ratificación legislativa concretada hoy con el voto mayoritario del bloque oficialista Vamos Juntos y de sus aliados Evolución, Partido Socialista y Gen. Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y los cinco diputados de izquierda se opusieron. El resultado fue de 41 votos positivos contra 17 negativos.

Lo aprobado este jueves en Sesión Ordinaria del parlamento porteño fue una resolución que da el visto bueno al acuerdo tripartito suscripto el 28 de febrero de 2019, entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente se sancionó una ley de la Ciudad que asigna al Ministerio de Hacienda y Finanzas la responsabilidad de las políticas y el control en materia de energía eléctrica.

Los cambios implican la necesaria creación de un nuevo ente regulador bipartito (Provincia y Ciudad) para actuar sobre la jurisdicción conjunta de la Capital más el Conurbano (lo que técnicamente se denomina Gran Buenos Aires o Área Metropolitana).

El tema llegó para su tratamiento en el recinto con despachos de mayoría de las comisiones de Relaciones Interjurisdiccionales y de Asuntos Constitucionales. Un despacho de minoría impulsado por Unidad Ciudadana proponía el rechazo del Acuerdo.

La resolución votada aprueba en su artículo primero el «Acuerdo de Transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y a la CABA». El segundo artículo de la norma avala el «Acuerdo de Implementación de la Transferencia». Y por el artículo tercero convalida lo convenido para «el ejercicio conjunto de la jurisdicción sobre el servicio público metropolitano de distribución de energía eléctrica», que incluye el mandato de crear el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).

A su vez, se sancionó en paralelo la ley de la CABA que «adhiere al régimen establecido por las leyes nacionales 15.336 y 24.065, los decretos números 714PEN/92 y 1398PEN/92, sus normas modificatorias y complementarias, en todo cuanto resulte aplicable a la regulación y control del servicio de distribución de energía eléctrica prestada en su jurisdicción por las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (EDENOR) y la Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR)».

Esa normativa nacional conforma el régimen de Energía Eléctrica para todo el país, sus leyes y los decretos presidenciales reglamentarios. Además, se modifica parcialmente la ley de ministerios porteña para incluir, entre las atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, las siguientes:

– «Entender en la elaboración y ejecución de la política energética local, su régimen tarifario, investigación y desarrollo tecnológico.

– «Actuar como autoridad de aplicación en materia energética.

– «Participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de concesión en materia distribución y comercialización de energía eléctrica».

Todo esto, según manifestó el oficialismo, «representa un avance significativo en el proceso de institucionalización comenzado a partir de la reforma constitucional de 1994, que transformó radicalmente la naturaleza política y jurídica de la Ciudad de Buenos Aires mediante la consagración de su autonomía en el artículo 129».

«En este sentido, poder ejercer la jurisdicción sobre el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica importa un paso importante hacia la obtención de resultados más democráticos y participativos al establecer esquemas desconcentrados en los que cada habitante cuente con un control más directo e inmediato sobre los servicios públicos que recibe», se argumentó en los fundamentos del proyecto.

Algunos preceptos convenidos

El acuerdo tripartito del 28 de febrero último estipula que los créditos y deudas anteriores a ese día son responsabilidad del Estado Nacional, que asume el «compromiso de solucionar los reclamos pendientes de las concesionarias».

A partir del 1 de enero de 2019, la Ciudad se está haciendo cargo de la tarifa social que se aplica a los usuarios de su jurisdicción. También ejerce la CABA, en adelante, el poder de policía sobre el servicio público (a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas y del nuevo Ente Regulador).

Los órganos técnicos de cada jurisdicción ya están trabajando en los detalles del traspaso y, a su vez, se dispuso la realización de una «auditoría de corte» entre el ENRE, las concesionarias y los organismos pertinentes de Ciudad y Provincia. Deberán «proteger los intereses de los usuarios, respetando los derechos de los concesionarios», enfatiza una de las cláusulas.

«Las concesiones continuarán rigiéndose por los respectivos contratos de concesión y por las normas nacionales -legales y reglamentarias- aplicables a dichos contratos de concesión con anterioridad a la transferencia de la jurisdicción», explicita el artículo segundo del Acuerdo para el ejercicio conjunto de la jurisdicción Ciudad – Provincia.

En el debate parlamentario de este jueves, hablaron los diputados Claudio Romero (VJ), como miembro informante y vicepresidente de la comisión de Relaciones Interjurisdiccionales; Paula Penacca (UC), Santiago Roberto (BP), Gabriel Solano (FIT), Myriam Bregman (PTS), Fernando Vilardo (AyL), Sergio Abrevaya (Gen), Marcelo Depierro (MC), Laura Marrone (IS), Hernán Arce (PS) y Juan Nosiglia (Ev). Cerró el debate el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Marías (VJ).

Los miembros del oficialismo hicieron hincapié en la importancia de ejercer soberanía autónoma por parte de la Ciudad sobre los servicios públicos para sus habitanmtes y marcaron que esta transferencia no significa nuevos costos para la administración porteña. Sus aliados en la votación adhirieron a esos conceptos pero plantearon algunas preocupaciones sobre temas regulatorios y respecto de las fuentes laborales del personal del actual ENRE de jurisdicción nacional.

Los opositores denunciaron que «se perjudica a los ciudadanos en nombre de la autonomía», como dijo la kirchnerista Penacca, quien protestó por la falta de participación legislativa en la toma de decisiones y en la integración del nuevo ente regulador, donde tampoco se prevé la representación de usuarios. Cuestionó también supuestos acuerdos con las concesionarias para condonar deudas por multas impagas y lo atribuyó a «conflicto de intereses en los funcionarios del gobierno nacional».

El justicialista Roberto planteó similares objeciones y se lamentó de que «estamos perdiendo una gran oportunidad de mejorar el sistema y corregir las falencias. Los legisladores de bloques de izquierda insistieron en las presuntas prerrogativas acordadas con los prestatarios privados y reclamaron que el servicio sea administrado por los trabajadores y usuarios.

En el cierre del debate, el macrista Marías replicó las críticas y aclaró que «lo que estamos votando son los textos de los acuerdos, no los titulares o las versiones de algún medio».

Sobre tablas, en el final de la sesión y por iniciativa del legislador Arce (PS), los miembros presentes de todos los bloques apoyaron y votaron una declaración por la cual se solicita incluir la participación de representantes de las organizaciones de usuarios y consumidores en el nuevo Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE).

Wi-Fi gratis para jubilados y otros centros comunitarios

Por iniciativa de la diputada Sol Méndez y otros legisladores de Vamos Juntos, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una ley que dispone proveer en forma gratuita el servicio de conexión inalámbrica a internet en todos los centros de jubilados y pensionados, así como en demás locales inscriptos en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC).

También se incluye en el beneficio «a todos los Centros de Día que promueven el cuidado, la autonomía y el envejecimiento activo de los adultos mayores».

La propia ley fundamenta los objetivos en su artículo segundo: promover el acceso gratuito a la tecnología informática y comunicacional; reducir la brecha digital; garantizar el uso de la tecnología; estimular el uso de la tecnología para el desarrollo personal.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, que se hará cargo de la instalación, mantenimiento, operación, configuración y monitoreo de los equipos. El servicio deberá ser solicitado por cada una de las asociaciones. La diputada Silvia Gottero (BP) adhirió con su voto positivo pero pidió la palabra para reclamar una solución para los clubes y asociaciones barriales que no pueden pagar las tarifas de luz por sus descomunales montos. «Si se van a quedar sin luz, tampoco van a tener Wi-Fi», graficó.

Personalidades destacadas en Derechos Humanos y Cultura

La Dra. María del Carmen Roqueta por su comprometida labor en la restitución de la identidad de personas en el marco del Plan Sistemático de Apropiación de Personas y en causas por crímenes de lesa humanidad hoy fue declarada personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de los Derechos Humanos.

Entre 1993 y 2017 como Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 porteño tuvo a su cargo las causas referidas a la práctica de apropiación de bebés en el contexto del terrorismo de Estado conocidas como Fontana- Sandoval, Plan Sistemático y Médicos de Campo de Mayo.

La causa que por primera vez dio por probada la sistematicidad de la práctica de la apropiación de niñas y niños se inició en diciembre de 1996 a instancias de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Los casos de robo de niñas y niños durante la dictadura habían quedado fuera del alcance de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por ello se pudo juzgar a los represores y así probar, tal cual reza el fallo condenatorio del año 2012, que la apropiación fue una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó la dictadura cívico- militar sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión durante los años 1976 a 1983, destacan en los fundamentos la diputada Victoria Montenegro y su par Javier Andrade (UC).

Además, fueron conferidas similares distinciones en el ámbito de la Cultura. Al «Chef Mauro Colagreco» por haber estudiado en nuestra Ciudad, por haber sido Buenos Aires el lugar donde se formó, y por tratarse de una personalidad reconocida a nivel mundial en el mundo de la gastronomía.

Nacido en La Plata, en octubre de 1976, en 2001, tras obtener su título de cocinero en el Instituto Gato Dumas y especializarse con Beatriz Chomnalez, viaja a Francia donde obtiene Diploma en estudios gastronómicos en el Lycée Hotelière de La Rochelle y al año siguiente comienza su trayectoria profesional.

«Es uno de los chefs de mayor prestigio en el mundo. Su cocina de mercado y de temporada en la Costa Azul le ha llevado a obtener los mejores reconocimientos como las tres estrellas Michelin y lograr el tercer puesto en The World’s 50 Best Restaurants desde junio 2018, siendo el restaurante francés mejor posicionado en la prestigiosa lista durante cinco años consecutivos» argumentaron los legisladores Eduardo Santamarina, Eduardo Petrini y Claudio Romero (VJ).

Por otra parte, también fue distinguido el maestro Carlos Alberto Sahagún, conocido como Lito Valle. Pianista, compositor, arreglador y director. Abarca eclécticamente, la música culta y la popular. Alumno de Jacobo Ficher (composición) y Guillermo Scarabino (dirección), es egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón como Maestro Preparador de Opera.

«Ha participado (como pianista o director musical) con relevantes figuras de diversos géneros como Lalo Schifrin, Libertad Lamarque, Sandro, Estela Raval, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Mariano Mores y otros. Fue jurado de preselección del Festival OTI de la Canción. Ha sido director musical de numerosos programas de TV», se afirma en los fundamentos del expediente impulsado por Omar Abboud (VJ).