En el marco de las funciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y después de haber pasado por Audiencia Pública, el Parlamento Porteño sancionó este jueves una ley que revalida el enrejado de seguridad y prevención que cruza perpendicular sobre aproximadamente la mitad de la Plaza de Mayo y sus calles laterales.
«Se permite la instalación de un cerco de seguridad emplazado de modo transversal desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista», dice la norma aprobada con los votos del bloque oficialista Vamos Juntos y la oposición del resto de las bancadas.
Dicho texto se incorporará al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires como un nuevo inciso de las especificaciones referidas a ese paseo público, en el apartado de Áreas de Protección Histórica (APH1).
Lo debatido y votado fue un despacho de la comisión legislativa de Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (VJ), en base a un proyecto de la Jefatura de Gobierno. Unidad Ciudadana, por iniciativa del legislador Javier Andrade, había presentado en la primera lectura un despacho en minoría para pedir el archivo de la propuesta oficial.
Los vallados de seguridad aparecieron en ese paseo emblemático de la argentinidad a fines de 2001 y comienzo de 2002, como contención metálica inicialmente improvisada para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares que derivaron en incidentes de gravedad institucional.
En los siguientes años las vallas se ampliaron, aferraron, soldaron y/o cementaron; incluso en 2013 se colocó una reja. En 2018 la Jefatura de Gobierno inauguró remodelaciones en la plaza, entre ellas la colocación de una reja permanente, de mejor calidad estructural y en armonía con el paisaje urbano, con portones para permitir o bloquear el ingreso a la mitad de la plaza más próxima a la Casa Rosada, ya fuere para peatones o para vehículos en tránsito por las calles Yrigoyen y Rivadavia.
Por acción de una ONG que presentó un recurso de amparo, el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nro. 8, a cargo del juez Osvaldo Otheguy, declaró a principios de este año la ilegalidad de ese cerco metálico por no haber sido autorizado mediante una ley de la Ciudad Autónoma, al tratarse de un Área de Protección Histórica Específica.
Ahora, la ley sancionada deja taxativamente autorizada la instalación de dicho cerco e incorpora el plano de las rejas al Atlas del nuevo Código Urbanístico.
«La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada», argumentó el dictamen de mayoría de la comisión de Planeamiento Urbano, parafraseando los fundamentos de la Jefatura de Gobierno de la CABA.
Se trata de un sistema de rejas compuestas por columnas y paños que conservan y respetan el estilo de aquellas que rodean la Casa Rosada. El sistema es estático y manual en cuanto a su funcionamiento y, a diferencia de las vallas anteriores, permite ser parcialmente desmontado.
El proyecto llegó al recinto de sesiones acompañado por los informes técnicos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; una nota del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, «que presta conformidad con el proyecto, entendiendo las circunstancias de coyuntura que propician su necesidad», y sendos dictámenes del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.
La Plaza de Mayo, es parte del “Eje cívico institucional de la Ciudad” -Distrito APH1- y fue protegida como Lugar Histórico Nacional desde 1942, por decreto del Ejecutivo nacional. La Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos objetó la instalación de la reja expresando que “implica una división física permanente que fragmenta la lectura integral de este espacio público” y la colocación de “elementos permanentes es contrario a la preservación patrimonial, cultural y social de este ámbito urbano tan significativo”. Por su parte, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el 30 de octubre de 2018, basó sus argumentos en cuestiones de seguridad y no se expidió en términos patrimoniales.
Debate y votación
Al igual que en la primera lectura, en esta segunda instancia de sanción definitiva el proyecto sólo logró los 33 votos positivos de Vamos Juntos contra 22 votos negativos del resto de los diputados, sobre un total de 55 legisladores presentes.
Hernán Reyes (VJ) fue el miembro informante que abrió y cerró el debate. Expuso los argumentos oficiales, recordó que hace 17 años que la plaza está dividida por vallas y que incluso «estuvo los últimos 11 años con rejas fijas», comentó el carácter de «reversibilidad» de la estructura, para el caso de que más adelante se decida erradicar ese cerco, y reconoció que el principal motivo de la ley es «que no haya más dudas sobre la legitimidad de la obra», en alusión a las presentaciones judiciales.
Javier Andrade (UC) señaló que la Plaza «se modificó estructuralmente» en su totalidad sin considerar la opinión de la gente ni prestar atención a las recomendaciones de los organismos pertinentes. En referencia al supuesto propósito represivo de ese vallado, hubo un contrapunto entre el legislador kirchnerista, el jefe del bloque macrista, Agustín Forchieri (VJ), y Reyes.
Silvia Gottero (BP) lamentó que la ley sólo tenga el apoyo del bloque oficialista y sostuvo que «hubiera requerido el consenso de todas las fuerzas políticas, porque es un espacio público de todos».
Desde la izquierda, todos los legisladores afirmaron que se trata de una medida represiva antipopular para defender las políticas impuestas por el FMI. Hablaron al respecto Fernando Vilartdo (AyL), Gabriel Solano (FIT), Myriam Bregman (PTS) y Laura Marrone (IS).
Sergio Abrevaya (Gen) desestimó el argumento de la prevención de seguridad para proteger la sede de la Presidencia de la Nación, porque «nunca ingresó un sólo manifestante a la Casa Rosada en toda la historia; los únicos que entraron por la fuerza fueron los militares», e ironizó que estos cercos fueron pedidos por la Casa Militar del Ejecutivo nacional.
El cruce entre macristas y kirchneristas se produjo cuando Andrade admitía que las vallas «ya estaban en nuestro gobierno» pero explicaba que entonces las marchas eran «virulentas» por parte de «gente que pedía comprar dólares». Fue entonces que Forchieri solicitó una interrupción para señalar que en ese entonces el gobierno nacional «avanzó sobre el patrimonio de la Ciudad en forma unilateral» y ante la protesta de los porteños «la explicación era que todos los días había manifestaciones de las organizaciones sociales». Su colega de bancada Reyes agregó que no eran sólo quienes querían comprar dólares los que marchaban a la Plaza de Mayo; «yo participé de movilizaciones contra la muerte de Nisman, contra la reforma judicial, contra la persecución de periodistas y políticos, contra la corrupción pública». En ese punto de la polémica, Andrade quiso replicar pero no se le concedió la interrupción y se pasó a votar el proyecto en debate.
