Se sancionó una ley que modifica las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público

En el marco de las funciones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados porteños sancionaron una ley que modifica las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público para coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión. Se aprobó con 36 votos afirmativos de VJ, UCR, Gen y PS y 21 en contra del FdT e izquierdas.

A partir de esta ley, la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial fue sustituida por la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, la que pasará a ejercer algunas de las funciones administrativas que competen a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial. Asimismo, se establece también que las competencias y facultades de administración del Ministerio Público, en su conjunto, serán ejercidas por esa nueva Secretaría, la que presidirá la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público, que se constituye en lugar de la actual Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.

Cabe destacar que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires atribuye al Consejo de la Magistratura la función de proyectar y administrar el presupuesto que la ley le asigne al Poder Judicial. A su vez, el Ministerio Público -también por mandato constitucional- tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se divide en tres organismos: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Asesoría Tutelar.

El objetivo de esta nueva ley es poder generar «una administración austera de los recursos” y se hizo hincapié en el hecho de poder “generar procesos más ágiles y transparentes, propendiendo a la unificación presupuestaria, la implementación de sistemas informatizados como el presupuestario, de expedientes electrónicos, procesos de compras y contrataciones, designación de personal y digitalización de documentos”.

Los cambios fueron propuestos por la Jefatura de Gobierno y analizados en la comisión legislativa de Justicia, que preside Martín Ocampo (UCR), que emitió un despacho de mayoría, con disidencias de Claudio Ferreño (jefe del bloque FdT). En el debate correspondió a Ocampo la defensa y promoción de la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo, mientras que Lucía Cámpora (FdT) planteó los cuestionamientos de la oposición.

Otros Proyectos aprobados durante la sesión

Por resolución unánime se avaló el decreto de necesidad y urgencia número 6/2020 del jefe de Gobierno de la Ciudad, referido a prórroga y suspensión transitoria de plazos y vencimientos de licencias de taxis y verificaciones técnicas de esos vehículos del servicio público de pasajeros.

Se realizó un pedido para que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, solicite al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios para que los usuarios y consumidores puedan realizar la carga virtual de la tarjeta S.U.B.E. mediante la aplicación creada para dicho fin, evitando el tener que acudir a una terminal automática para la acreditación del saldo. La iniciativa fue de la diputada Inés Gorbea (Ev).

Además, otra declaración impulsada por el diputado Gastón Blanchetiere (VJ), sostiene que «La Legislatura vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, implementara un plan de trabajo conjunto con la Universidad de Buenos Aires para aunar esfuerzos en las investigaciones del uso de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 con fines terapéuticos».

A su vez, se aprobó la designación como miembro propuesto por la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico a Julieta Ascar, quien integrará el Consejo de Participación Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 6.026. El proyecto de resolución fue promovido por el diputado Diego García Vilas (VJ).

Por otro lado y por iniciativa del diputado Sergio Abrevaya (GEN), la Legislatura aprobó una declaración en la que solicita al Poder Ejecutivo que gestione la excepción del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular «a todas las actividades con localización y alcance barrial y con el ingreso de una persona ajena al comercio por vez, o domiciliaria sea o no de fuerza mayor, relacionadas al mantenimiento o reparación en general».

La iniciativa apunta a que vuelvan a funcionar los servicios técnicos en el ámbito de la Ciudad y en sus fundamentos explica: «Un gasista o un plomero, deben poder realizar su trabajo en el mantenimiento de una vivienda. Lo mismo ocurre en el caso de una computadora que requiere reparación, y que sin la misma desconecta a la familia, aislándola aún más por esta circunstancia».