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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Jornada sobre Jóvenes y la Ley Penal
Organizada por la Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires -AEJBA-, se realizó con la presencia de especialistas en la temática.
La jornada «Jóvenes en conflicto con la Ley Penal: Diálogo abierto. Hacia la restauración de derecho y la paz social» se llevó a cabo con el objetivo de tratar la situación de la justicia juvenil actual enfocada desde diferentes puntos. Expertos en la temática participaron y brindaron charlas a los presentes.
La apertura del evento estuvo a cargo del legislador, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Daniel Presti (PRO), y del secretario gremial de la Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires -AEJBA-, Dr. Maximiliano García.
«Este conflicto con los jóvenes genera que todo un mecanismo empiece a trabajar coordinado, pero principalmente el Estado debe ocuparse de la prevención y educación. La Ley Penal busca la reparación y sociabilización de las personas pero los institutos de menores no están en condiciones, aún queda mucho por trabajar», sostuvo el diputado Presti en sus palabras de bienvenida. Además celebró la realización de la jornada y remarcó la importancia que tiene que el gremio profundice en la temática.
Hubo expositores/as de diferentes instituciones como el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Magistratura de la CABA, de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la CABA, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y de las comisiones de Justicia y Cultura de AEJBA, entre otros.
Algunos temas tratados durante la jornada fueron: la situación de la Justicia Juvenil desde un punto de vista empírico; dispositivos residenciales socioeducativos de libertad restringida y centros socioeducativos de régimen cerrado: su traspaso al ámbito de la CABA; medidas alternativas a la privación de libertad; edad de imputabilidad penal mínima; políticas preventivas y de integración social; los derechos económicos, sociales y culturales y las obligaciones del Estado Argentino: políticas públicas en infancia y adolescencia; especialización desde la coactividad penal y derechos de protección especial, y acceso a la justicia de los imputados y las víctimas menores de 18 años, entre otros.