Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: Jornada sobre acceso a la información

Se trataron temas tales como instituciones sólidas, transparencia e integridad en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de construir políticas públicas vinculadas al acceso a la información pública. La diputada Cecilia de la Torre (PRO) impulsó el evento.

La jornada sobre “Ley N°104: Acceso a la Información” en la que se debatieron temáticas tales como instituciones sólidas y confiables, transparencia e integridad en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de construir políticas públicas y fortalecer el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos por parte del Estado, tuvo lugar hoy con la presencia de sus impulsores los legisladores Cecilia de la Torre (PRO), Maximiliano Ferraro (CC) y Natalia Fidel (SUMA+) y especialistas de jerarquía internacional.

Si bien la Ley 104 fue un avance importante en la materia, ha perdido efectividad a la luz de los avances tecnológicos y comunicacionales que se han producido en el mundo. Por eso hay que actualizar su efectividad y dotarla de nuevos contenidos y conceptos que se han ido desarrollando a nivel internacional”, sostuvo el diputado Ferraro. Además agregó: «Tener estos espacios de reflexión y debate e intentar lograr denominadores comunes”.

Los otros expositores del panel principal que se desarrolló este miércoles en el salón Dorado del Palacio Legislativo, fueron el especialista chileno en ciencias políticas, Claudio Fuentes, y el analista político guatemalteco, Manfredo Marroquín.

El acceso a la información es un derecho humano fundamental y un principio básico de la democracia. La existencia de herramientas adecuadas que garanticen este derecho contribuye a incrementar la transparencia gubernamental, facilita el control y mejoramiento colectivo de las políticas públicas, aumenta la rendición de cuentas de los funcionarios, estimula la participación ciudadana, amplía el debate sobre los asuntos públicos y acorta la brecha entre gobierno y sus ciudadanos. Asimismo es un instrumento fundamental para el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión. Debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, y también difundir activamente los datos relevantes. La Ciudad de Buenos Aires sancionó en 1998 la Ley 104 de Acceso a la Información Pública.