La última semana estuvo signada por nuevos avances en la agenda de reformas planteada desde el Poder Ejecutivo tras las elecciones de medio término. El paso decisivo estuvo dado por la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Provincias para lograr un mayor ordenamiento de las cuentas públicas, hecho que se sumó al consenso alcanzado con los sindicatos para instrumentar la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Paralelamente, se conocieron los índices de precios correspondientes al mes de octubre, los cuales trajeron cierto alivio a un Banco Central que se mantiene alerta en su búsqueda de consolidar la desaceleración inflacionaria en marcha.
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En lo que hace al denominado “Consenso Fiscal”, dentro del amplio acuerdo alcanzado, se destacaron por su relevancia cuatro grandes ejes: 1) la reforma de la ley de responsabilidad fiscal, tendiente a contener la expansión del gasto público tanto nacional como provincial, cuyo punto más saliente tiene que ver con el compromiso de mantener constante el gasto corriente de las provincias en términos reales; 2) la reducción y armonización entre jurisdicciones de impuestos distorsivos, en particular, el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos; 3) la redistribución de los recursos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias, en donde, más allá del compromiso de consensuar una nueva ley de coparticipación, en lo inmediato lo más relevante pasó por la redistribución de los recursos del impuesto a las ganancias y al cheque, que junto a nuevos aportes del Tesoro terminarán reforzando los recursos que recibe la Provincia de Buenos Aires, acabando con las históricas inequidades que producía el Fondo del Conurbano Bonaerense; y 4) la reforma previsional, con una modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, que pasarían a ajustarse por inflación, garantizando la estabilidad en el poder de compra de la clase pasiva pero evitando un esquema que tendía a desfinanciar al sistema previsional en el mediano plazo.
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De esta forma, el gobierno sigue dando pasos fundamentales para avanzar en un programa que procure atacar de manera integral los desequilibrios macroeconómicos heredados, buscando al mismo tiempo los consensos que garanticen su aprobación legislativa y le den sostenibilidad en el tiempo a las reformas propuestas.
Asimismo, estas medidas se plantean en un contexto en el que el fuerte crecimiento del gasto público agregado a lo largo de la última década requería de un esfuerzo compartido. En este sentido, si bien el incremento más profuso se dio a nivel nacional, con un gasto público que pasó de 13% del PIB en 2004 a 26% en 2015, entre las provincias el avance también resultó significativo, de 11% a 17% en el mismo período, prácticamente duplicándose el gasto agregado de los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios) de un 27% a un 47% del Producto en el período mencionado.
Pasando ahora a la dinámica de los precios, según el INDEC, el dato de inflación de octubre se situó en 1,5%, por debajo del 1,9% de septiembre, acumulando en lo que va del año un 19,4%. La inflación núcleo, en tanto, se desaceleró de forma más marcada, pasando de 1,6% en septiembre a 1,3% el mes pasado, en lo que fue el registro más bajo del año, acumulando en lo que va de 2017 un 17,6% de aumento. Asimismo, en términos interanuales, la inflación retomó la senda descendente, situándose en 22,9% para el nivel general, en comparación con un 24,2% el mes previo, mientras que para el IPC núcleo descendió a 22%.
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El buen dato de octubre se dio a pesar de incrementos puntuales en naftas y telefonía celular, que marcaron un alza de 1,7% en los precios regulados, y aumentos también significativos en los precios con un componente estacional (2,4%). Como resultado de esto, la inflación continuó la tendencia descendente que vino mostrando a lo largo del año, con una suba promedio del 2% en el primer trimestre, 1,8% en el segundo, 1,7% en el tercero y, ahora, 1,5% a inicios del cuarto.
Mirando para adelante, si bien el dato de octubre resultó positivo, los incrementos en las tarifas de los servicios públicos ya confirmados para el mes de diciembre volverían a poner un piso elevado a la inflación del último mes del año. En el caso del gas, el aumento promedio a nivel nacional sería de 45% para los usuarios residenciales, mientras que las subas en la energía eléctrica treparían al 43% en promedio en el GBA y un porcentaje algo menor en el interior del país. De esta forma, el aporte de los precios regulados, que ya explicó casi 1/3 de la inflación acumulada en el año, presionaría nuevamente sobre el nivel general de precios, convalidando el accionar del BCRA para contener la inflación subyacente y minimizar efectos de segunda ronda, a través de un re- endurecimiento de las condiciones del mercado monetario.
