Diputada Nacional, Graciela Ocaña: “Esta conducta busca perjudicar los intereses de la Ciudad de Buenos Aires”

En el marco de la gestión legislativa, y a través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados, Ocaña reclamó dejar sin efecto los decretos 145 y 149 publicados el lunes en el Boletín Oficial, ya que “afectan la seguridad jurídica y la estabilidad económica de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires” y agregó que constituyen “una acción de amedrentamiento dirigido contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deben ser analizados en conjunto con otra serie de medidas y manifestaciones expresadas desde el Poder Ejecutivo Nacional en contra de los intereses de los vecinos de la Ciudad”.

Asimismo, la diputada Graciela Ocaña exigió al Gobierno Nacional que se revisen todas las transferencias realizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “desde el día de su creación (Decreto 1382/12, firmado por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner) e incluso no solamente aquellas que se hubieran realizado en favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en favor de otras jurisdicciones”.

Ocaña enfatizó que “estos decretos publicados son un ejemplo de la conducta persecutoria en términos políticos de la que es víctima la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su gobierno y sus ciudadanos, sin mayores fundamentos que los caprichos del Poder Ejecutivo Nacional, que adopta actitudes y acciones intimidatorias hacia las jurisdicciones provinciales y mediante las cuales afecta sus recursos presupuestarios y los priva de mecanismos legítimos de financiación de obras”.

A su vez, la diputada nacional puso de relieve que “la transferencia de bienes ha mejorado la calidad de vida de las personas que transitan la Ciudad de Buenos Aires, ya que ha permitido la realización de obras que benefician a los vecinos de la Ciudad y a los ciudadanos que viajan todos los días desde la Provincia de Buenos Aires”.

Por otro lado, la legisladora nacional aseveró que “esta conducta busca perjudicar los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta los derechos de sus vecinos y ciudadanos y desconoce el estatus jurídico de la Ciudad asignado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2019, al declarar que tiene la misma posición que las provincias en el sistema normativo”, subrayó Ocaña y agregó que “no resulta casualidad que en momentos que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra encarando una política de ajuste y atravesando una crisis en materia fiscal, a la vista de todos, se elijan estos mecanismos para castigar a aquellas jurisdicciones que no presentan el mismo color político y que han demostrado una eficiente gestión de sus recursos, tal como es el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, puntualizó.