La semana pasada, las autoridades del Ministerio de Hacienda dieron a conocer una reforma tributaria que, en sus ejes centrales, apunta a reducir gradualmente la presión impositiva y promover la inversión, la competitividad y la generación de empleo. Al mismo tiempo, la necesidad de converger a un mayor equilibrio de las cuentas públicas ha obligado, inicialmente, a balancear la menor carga tributaria sobre la producción y el empleo con la eliminación de determinadas exenciones impositivas y la modificación de impuestos internos sobre sectores específicos, procurando dotar a su vez de mayor equidad y eficiencia al esquema tributario.
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Entre las principales medidas introducidas en la reforma se podrían encuadrar las siguientes: 1) una reducción en el impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas, que pasaría de 35% a 25% en un lapso de 5 años, aplicable a la reinversión de utilidades de las empresas; 2) la devolución anticipada de saldos a favor del IVA por inversiones, algo que reduce el costo financiero de los proyectos de inversión; 3) la implementación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales, que contribuye a fomentar el empleo formal; 4) el incremento del pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, reduciendo este tributo distorsivo; y 5) la reducción de los impuestos a los ingresos brutos y sellos, algo a ser acordado en el marco de negociaciones más amplias con las provincias.
Además de promover la inversión y el empleo, la reforma se orienta a mejorar la competitividad de las compañías locales. En particular, en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de las empresas, tras la reforma a las utilidades reinvertidas la alícuota se ubicaría más en línea con lo observado a nivel internacional, con un promedio de 22% entre los países de la OCDE y de 27% en los países de la región.
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Por otro lado, y como ya se mencionó, a los fines de alcanzar un balance que permita conjugar la búsqueda de una estructura impositiva pro inversión y empleo, con la necesidad de reducir el déficit de las cuentas públicas y sopesar aspectos relacionados con la equidad y eficiencia, la reforma propone también otra serie de modificaciones, entre las que sobresale la extensión del impuesto a las ganancias para las rentas financieras obtenidas por las personas físicas (las empresas ya se encontraban gravadas). Las alícuotas serán del 15% en caso que se trate de instrumentos en moneda extranjera e indexados y del 5% para las inversiones financieras en pesos, sin cláusula de ajuste.
Buscando excluir a los pequeños ahorristas, se implementará un mínimo no imponible que, de acuerdo a los trascendidos, se aplicaría para inversiones con retornos anuales cercanos a los $52.000. De acuerdo a nuestras estimaciones, ello implicaría eximir de impuestos, por ejemplo, a los plazos fijos inferiores a los $260.000, considerando las tasas de interés de mercado vigentes actualmente. De todos modos, para los montos superiores el impacto en rendimientos sería marginal, con un recorte menor a 1 punto porcentual en el caso de los depósitos a plazo. En el caso del mercado de capitales, el efecto también sería menor, teniendo en cuenta que las acciones seguirán exentas y que en los bonos las personas físicas representan un porcentaje menor del volumen de mercado operado.
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En términos de equidad y eficiencia, la reforma también avanza en otras áreas. En lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, se elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) para la adquisición de la primera vivienda, algo que busca facilitar el acceso a la casa propia, al tiempo que se introduce un impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles (excepto casa-habitación). Por otra parte, se modifican las alícuotas de impuestos internos, reduciéndolas para productos electrónicos y vehículos de gama media, e incrementándolas para los de alta gama y para ciertos productos que son considerados suntuarios o perjudiciales para la salud, como determinadas bebidas alcohólicas y con un alto agregado de azúcares (bebidas cola).
Las autoridades del Ministerio estiman que la reforma tributaria tendría un costo para la Nación de 1,5% del PIB al cabo del quinto año. Sin embargo, gracias a un mayor crecimiento de la economía derivado de las modificaciones propuestas, estimado en un 0,5% del PIB adicional por año, el impacto para el Tesoro Nacional se reduciría a 0,3 puntos del Producto. Así, la reforma tributaria tendría un efecto prácticamente neutro en términos de la dinámica de las cuentas públicas, al tiempo que constituye una herramienta importante de cara a una estrategia que busca dejar atrás un escenario en el que el avance de la economía descansaba en una constante expansión fiscal (insostenible en el mediano plazo), a otro en el que la inversión privada juegue un rol central y sirva de sustento a un proceso de crecimiento con bases más sólidas, capaz de sostenerse en el tiempo.
