El Gobierno está trabajando para darle al sector productivo las herramientas para que sea cada vez más dinámico y productivo, se anime a salir al mundo y ofrezca empleos formales y calificados. La estrategia para avanzar en este camino de desarrollo está trazada en los ocho pilares de un plan coordinado y paciente, que busca consolidar y acelerar el crecimiento de la economía, dar trabajo formal a millones de personas y ayudar a reducir la pobreza, que es el principal objetivo de este Gobierno. Es un modelo federal, que busca generar trabajo en todas las provincias, con un fuerte empuje exportador y un énfasis fundamental. El sector privado debe atreverse a competir, a innovar y a invertir. Solo así emprenderemos el camino de desarrollo productivo que la Argentina necesita. Estos ocho pilares son los siguientes:
- Reducir el costo del capital y aumentar el acceso al financiamiento de las empresas, sobre todo las PYME.
- Mejorar el capital humano y la productividad laboral, con más capacitación, más empleo formal y menos costos extra-salariales.
- Ejecutar un plan de infraestructura y energía transparente y federal que baje costos logísticos y aumente la productividad.
- Fomentar la innovación y la tecnología, promoviendo la exportación de servicios basados en el conocimiento acercando la investigación científica al mundo de la producción.
- Bajar los impuestos y tener una estructura impositiva equitativa y eficiente.
- Impulsar la competencia y combatir los monopolios.
- Integración inteligentemente al mundo, abriendo mercados y ayudando a las empresas argentinas a integrarse en las cadenas globales de producción.
- Simplificar la relación del Estado con las empresas y los ciudadanos, con más tecnología y menos trámites. En algunas áreas hemos avanzado más rápido que en otras. Todavía falta un trecho por recorrer para ofrecerles a las empresas argentinas las condiciones para crecer, tanto en el mercado local como en el exterior. Pero el rumbo está claro. Y está funcionando. Más allá de los reacomodamientos que sean necesarios en este trimestre y el próximo, los resultados que fueron llegando, a través del crecimiento de las exportaciones y de las inversiones previstas, muestran que este es el camino correcto. En estos dos años y medio, se han anunciado inversiones por más de 46.000 millones de dólares en petróleo y gas, 12.000 millones de dólares en generación y distribución de energía, más de 10.000 millones de dólares de inversión en minería, casi 8.000 millones de dólares en telecomunicaciones y medios y en la fabricación de bienes industriales, 7.000 millones de dólares en desarrollo inmobiliario y 5.000 millones de dólares en productos de consumo y un número similar en energías renovables. Las dificultades van a ser superadas mejor y más rápido si fortalecemos el diálogo y los puntos de encuentro entre el Estado y los participantes de la cadena productiva. Es necesario crear una agenda pragmática y concreta, enfocada en resolver temas puntuales y trabajar sin prejuicios. Hay que aprender de los errores para actuar con decisión ante las nuevas dificultades. El objetivo es siempre el mismo: cuidar a los argentinos, facilitar el camino del crecimiento y salir adelante juntos.
REDUCIR EL COSTO DEL CRÉDITO
No puede haber crecimiento productivo sin crédito abundante, especialmente para las pymes. La Argentina está a las puertas de una verdadera revolución, que comenzó con la salida del cepo y el arreglo del litigio con los holdouts. El objetivo es alcanzar el costo de financiamiento más bajo de la historia para las familias y las pymes argentinas. Uno de los puntos más importantes de la normalización macroeconómica fue poder acceder a un menor costo de financiamiento. Pero, también, tener cada vez más opciones de crédito. La Ley de Financiamiento Productivo, aprobada recientemente con el apoyo de todos los bloques, dará lugar a nuevas y mejores maneras de acceder a fondos para ampliar capital, mejorar procesos y contratar nuevo personal. En 2017 el financiamiento de las empresas fue el más alto desde que existen registros. Para dar una idea, fue 146% más alto en dólares, que en el 2013. Entre junio de 2017 y mayo de este año, las empresas argentinas accedieron a más de 300.000 millones de pesos en el mercado de capitales, un 27% más que el año anterior.
MEJORAR EL CAPITAL HUMANO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
El mundo del trabajo está cambiando, todo el tiempo se crean nuevas formas de empleo y desaparecen otras. Este desafío, que enfrentan todos los países del mundo, es uno de los ejes que el Gobierno impulsó para la reunión del G-20. Durante estos dos años, el Gobierno tomó medidas para fortalecer el sistema de formación para el trabajo, promover el empleo formal y reducir los costos no salariales del trabajo, como los juicios laborales. Muchas de estas iniciativas son resultado de acuerdos y conversaciones con empresas, trabajadores y gobiernos locales sobre algunos objetivos comunes: crear más trabajo, reducir la informalidad y prepararnos mejor para el futuro. Un ejemplo es la agroindustria. El Gobierno lleva adelante 28 mesas sectoriales, sobre temas como industria forestal, carne o leche, y en varias de ellas participa personalmente el Presidente de la Nación. En ellas se discuten oportunidades y desafíos de cada sector y se buscan alternativas que permitan crear más y mejor empleo en cada uno de ellos. Del trabajo de estas mesas surgieron iniciativas que hoy está trabajando el Congreso para promover la creación de empleo y adaptar la formación profesional a los requisitos del mundo del trabajo. Esos proyectos incorporan reclamos de décadas de los trabajadores y proponen soluciones para adaptar el marco normativo. Los tres proyectos principales son:
- Equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo. Promueve cambios para avanzar hacia la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, creando (o ampliando) licencias y consagrando la igualdad de salario.
- Regularización del empleo no registrado. También conocido como “blanqueo laboral”, establece condiciones para que cientos de miles de trabajadores que llevan años trabajando fuera del sistema puedan acceder a los beneficios del empleo formal.
- Capacitación laboral continua y transición entre el sistema educativo y el trabajo. Brinda herramientas para que los jóvenes puedan incorporarse al mundo del trabajo y accedan a una formación laboral que los prepare para los desafíos de los empleos del futuro.
Algunas de las iniciativas que llevamos adelante para bajar los costos no salariales del empleo ya están generando resultados. La nueva Ley de Riesgos del Trabajo, aprobada el año pasado, junto a la apertura de nuevas comisiones médicas, permitió reducir el peso de los seguros por accidentes de trabajo en el salario del 3,48% en 2015 al 3,14% en 2018. La reducción continuará a medida que más provincias se incorporen al sistema. Reglas claras protegen al trabajador de las conocidas situaciones de abuso por parte de las llamadas mafias de los juicios laborales y también protegen, sobre todo, a las pymes, que sostienen un reclamo unánime, en todo el país, respecto de los desvíos que se producen en este rubro. En paralelo, transformamos programas como Becas Progresar, que hoy acompaña a los jóvenes que lo necesitan, para que puedan estudiar y graduarse con becas más altas e incentivos para fomentar el estudio de áreas estratégicas para el país. Gracias al trabajo del Ministerio de Educación en conjunto con las provincias, los sectores productivos, las universidades y los institutos de formación técnica, hoy contamos con un diagnóstico claro acerca de dónde faltan trabajadores, y cuáles son las prioridades para el desarrollo de la educación superior para cada región desde un enfoque productivo. Transformamos, también, los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen en Hacemos Futuro. Este nuevo programa hace foco en que sus más de 250.000 beneficiarios terminen el secundario y se formen en oficios como herramientas principales para la inclusión laboral. Por último, a través del programa Empalme, los beneficiarios de programas sociales pueden continuar recibiendo la ayuda del Estado durante dos años a partir de su acceso a un empleo formal, como una estrategia para fomentar la formalización.
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
La Argentina tiene una enorme capacidad para generar empleo con los servicios basados en el conocimiento, que cruzan transversalmente toda la economía y permiten innovar en sectores tradicionales. El año pasado, de hecho, las exportaciones de servicios basados en el conocimiento superaron los 6.100 millones de dólares, un 20% más que el año anterior, y ya reemplazaron a la industria como segunda fuente exportadora de la Argentina. Los ingresos por uso de propiedad intelectual alcanzaron los 206 millones de dólares. La ciencia, la tecnología y la innovación cumplen un rol fundamental en la economía actual. El Gobierno está comprometido a redoblar esfuerzos y recursos para que el país pueda seguir aprovechando las oportunidades que representan el cambio tecnológico y el avance del conocimiento. En la economía basada en el conocimiento –como el desarrollo de software, la industria del entretenimiento y los servicios profesionales– tenemos la oportunidad de liderar la conversación.
Entre empleos directos e indirectos los servicios basados en el conocimiento dan trabajo a 1,3 millones de argentinos. El acuerdo para eliminar la doble tributación con Brasil, aprobado en los congresos de ambos países, por el cual los argentinos que exportan servicios al país vecino podrán evitar el pago de ganancias a los dos fiscos y así ganar competitividad, va a permitir ahorros de hasta el 15% y profundizar los avances en esta dirección. La futura ley de telecomunicaciones va a permitir acelerar un proceso inversor muy necesario para completar el despliegue de 4G y de banda ancha en todo el país. Hoy nuestro despliegue está en torno del 50%, muy por detrás de los países de la región, y en los próximos dos años este va a ser uno de los sectores más dinámicos para la inversión en servicios basados en el conocimiento. El Gobierno busca además avanzar hacia un sistema de investigación científica más federal, promoviendo la incorporación de investigadores altamente calificados en todos los organismos y universidades del sistema científico argentino y distribuido en todas las regiones. La agenda gubernamental para la innovación busca integrar los recursos humanos de los organismos científicos y las universidades con el sector productivo, con el objetivo de complementar capacidades para resolver problemas tecnológicos del entorno socioproductivo de las distintas regiones del país. La promoción de proyectos estratégicos es una prioridad del Gobierno. La idea es que la investigación, el desarrollo y la innovación se orienten hacia las tecnologías satelitales, la urbanización de asentamientos, la elaboración de superalimentos, la detección temprana de catástrofes meteorológicas, las energías renovables, la implementación de cadenas de valor vinculadas a la acuicultura y la agricultura de precisión.
PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
El Gobierno está ejecutando el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de nuestro país, con el triple objetivo de convertir a la Argentina en un país integrado federalmente, reducir los costos logísticos y asegurar la provisión de energía accesible para todas las empresas argentinas, y en particular para las pymes. Las obras de infraestructura son una prioridad central para el Gobierno desde que asumió y lo seguirán siendo. El proyecto de presupuesto para 2019 mantiene como prioridad la inversión en capital y en infraestructura, aun a pesar del proceso de equilibrio fiscal en el que nos encontramos actualmente. Este año, la inversión en infraestructura será equivalente al 4,1% del Producto Bruto Interno, incluyendo las obras financiadas por el Tesoro, las provincias, las que se hacen a través del sistema de Participación Público Privada y el sector privado. Este número es casi idéntico al del año pasado y, según las proyecciones, similar al del año próximo. La inversión en rutas y autopistas tiene un correlato inmediato en el desarrollo productivo. Desde el inicio de la gestión se construyeron y terminaron 304 kilómetros de autopistas y, antes de fin de año, se va a haber terminado otros 200 kilómetros. Además, hay más de 1.000 kilómetros de autopistas en ejecución en este momento. Las rutas pavimentadas y mejoradas ya suman 5.000 kilómetros terminados y hay otros 11.000 kilómetros en ejecución. Gracias a licitaciones transparentes, que previenen la corrupción y hacen más eficaces los procesos, se hizo un 50% más de obra con un 20% menos de Presupuesto que en años anteriores. El Ministerio de Transporte está pagando un 40% menos por kilómetro de ruta de lo que se venía pagando antes.
Otra clave para reducir costos logísticos es revitalizar el transporte de carga. Con más de 680.000 toneladas, los trenes argentinos transportaron en lo que va del año el mayor volumen histórico desde 1992, gracias a la inversión en vías, puentes, circunvalaciones y accesos ferroviarios. A fin de año va estar terminada la primera etapa, que consiste en 500 kilómetros de vías, de la renovación total del Ferrocarril Belgrano Cargas, fundamental para conectar la producción del noroeste argentino con el resto del país y del mundo. Además, al incorporar los camiones con dos acoplados, también conocidos como bitrenes, el sistema de carga argentino tuvo una reducción de costo extra de entre un 25% y 35%. La revolución del sector aerocomercial es otra de las iniciativas del Gobierno para bajar los costos operativos y generar empleo. Ya se remodelaron 16 aeropuertos, se modernizaron muchos otros y se habilitó la entrada de más líneas aéreas. Entre enero y mayo de este año, voló un 36% más de pasajeros que en 2015. Vamos camino de cumplir nuestra promesa de duplicar la cantidad de pasajeros de cabotaje en cinco años.
EQUIDAD Y EFICIENCIA FISCAL
El Gobierno cree que en la Argentina los impuestos siguen siendo demasiado altos, demasiado complicados muchas veces de pagar y, sobre todo, con un alto nivel de evasión. En estos dos años y medio ya bajamos la presión tributaria nacional más de 2 puntos del PBI e hicimos una reforma tributaria para impulsar el empleo y la inversión con impuestos más bajos y menos distorsivos. Buena parte de este esfuerzo pasó por el Congreso, que en 2016 sancionó la Ley Pyme, que habilita al 99% de las empresas a pagar menos impuestos, acceder a préstamos más accesibles y enfrentar menos burocracia. Además, a fines de 2017 se aprobó una reforma tributaria integral y gradual con foco en la inversión y la generación de empleo y con una estructura de impuestos progresiva, que premia a las empresas que crecen e innovan bajando del 35% al 25% el Impuesto a las Ganancias de las utilidades reinvertidas. Además, se bajaron los impuestos internos a los productos electrónicos, como las computadoras, que dejaron de ser artículos de lujo y se usan en todas las actividades productivas. Y demostramos que esto se podía de hacer en equilibrio con el cuidado del aparato productivo de Tierra del Fuego. También fue especialmente importante para el sendero institucional y económico de los próximos años el acuerdo histórico logrado a finales de 2017 entre el Gobierno y los gobernadores para la baja de Ingresos Brutos, que marca un rumbo que tenemos que poder acordar independientemente que tenemos que seguir debatiendo entre todos en ese camino hacia el equilibrio fiscal en cuál es la mejor manera, la manera más inteligente, de ir aplicándolo.
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Desde el primer día el Gobierno advirtió nuestro mercado económico necesitaba fomentar la competencia, impedir carteles y monopolios y proteger a usuarios y consumidores. Un productor monopólico no tiene incentivos para mejorar, para innovar, para ofrecer a los consumidores más y mejores productos o para ser responsable con su política de precios. En cambio, mercados competitivos y transparentes ayudan a que surjan nuevas empresas y potencian la innovación necesaria para que la economía siga creciendo y generando empleos. En estos dos años el Gobierno impulsó la Ley de Defensa de la Competencia y le devolvió independencia política y capacidad técnica a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que desde diciembre de 2015 ha multiplicado su productividad. En estos dos años, la Comisión emitió 456 dictámenes, cuatro veces más que el promedio de los años anteriores, y se enfocó en once mercados con posibles conductas anticompetitivas. La ley anterior estipulaba sanciones demasiado bajas y no brindaba herramientas adecuadas para investigar y sancionar a los carteles. El Tribunal Nacional de Defensa para la Competencia, establecido por esa misma ley, nunca se había creado. Ahora se instituyó la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico y centralizado con responsables designados por concurso. La nueva Comisión ya entendió en casos importantes, como la obligación a los bancos de vender Prisma, la licenciataria de Visa en el país, para traer competencia en el mercado de pagos con tarjeta de crédito. Gracias a esto, desde 2017 están bajando las comisiones que cobran las tarjetas a los comercios y la semana pasada se obligó a una empresa alimentaria a vender una marca de pastas para proteger la competencia en el sector.
INTEGRACIÓN INTELIGENTE AL MUNDO
En este modelo basado en la inversión y en la capacidad de generar exportaciones queremos que las empresas argentinas puedan exportar e integrarse a cadenas globales de producción. Hoy los productos y servicios se producen por etapas y en distintos países. Las empresas argentinas tienen capacidad para entrar de lleno en ese proceso. Para ayudarlas, el Gobierno ha tomado la delantera abriendo nuevos mercados para nuevos productos, las ha ayudado con la promoción y ha atraído nuevas inversiones productivas. En estos dos años y medio se abrieron o se reabrieron mercados en más de 60 países para casi 100 productos distintos, como el mercado chino para ciertos cortes de carne luego de más de 15 años de negociaciones frustradas. Se firmaron acuerdos comerciales con Colombia para promover la exportación de autos y se ratificó el acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y Egipto. Se logró reabrir el mercado para la exportación de limones a Estados Unidos, cerrado durante 17 años. También se logró retornar al sistema generalizado de preferencia con Estados Unidos, lo que permitirá que se puedan exportar unos 500 productos de economías regionales con arancel cero. En los cinco primeros meses del año, por ejemplo, las exportaciones de carne crecieron un 59%, lo que está permitiendo reabrir plantas y frigoríficos y que se esté tomando más gente. Todo esto se logró sin descuidar el consumo interno, que está bien abastecido y a precios asequibles. Los argentinos estamos consumiendo 117 kilos por habitante por año de carne vacuna, porcina y aviar. Estos esfuerzos están dando resultado. Entre 2011 y 2015 el valor de las exportaciones argentinas había caído un 32%. En los primeros cinco meses de 2018 crecieron un 7,1%, lideradas por las exportaciones de manufacturas de origen industrial. Las exportaciones que no dependen de la agricultura están creciendo este año al 15%. Para llegar hasta aquí y seguir avanzando, el Gobierno tomó distintas medidas concretas, además de trabajar por las aperturas de mercados y de colaborar con empresas y gobiernos provinciales para generar esta cultura exportadora que recién comienza. Algunas de esas medidas fueron las siguientes:
- Eliminación de las DJAI e implementación de mecanismos ágiles de importación.
- Aumento de los reintegros a exportadores y eliminación de derechos de exportación a la industria y a todos los productos agroindustriales menos la soja.
- Creación de Exporta Simple, que permite transformar en exportadoras a empresas muy chicas.
- Creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Tenemos que seguir avanzando en esta dirección. Nuestra historia reciente y el sistema cada vez más sofisticado del comercio internacional nos desafían a romper la lógica de “vivir con lo nuestro”.
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN
Un Estado moderno y facilitador brinda a sus emprendedores y empresas las herramientas para lograr sus objetivos. Por eso, el Gobierno está trabajando para quitar burocracia y simplificar la relación entre las empresas y el Estado. Ya se eliminaron muchísimos registros innecesarios, se avanzó con los trámites a distancia y se puso en marcha un plan de desburocratización que va a generar ahorros equivalentes al 1 % del Producto Bruto Interno. Más de 900 trámites ya se pueden realizar ahora por Internet. Además, desde hace un año, se puede constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada ante la Inspección General de Justicia en solo 24 horas. La puesta en marcha de la Sociedad por Acciones Simplificadas aligeró y abarató los trámites para constituir una sociedad. Gracias a este tipo de acciones, en 2017 se constituyeron más de 12.000 sociedades, 17% más que en 2016 y 34% más que en 2015. Además, se eliminó la obligación de las empresas de presentar libros encuadernados, se agilizó el proceso para obtener marcas y patentes y se eliminó la necesidad de que el Presidente de la Nación autorice la instalación de nuevas terminales automotrices, entre otras medidas que entorpecían la inversión. También se lanzó el Sistema de Información Simplificado Agrícola, que unifica cuatro registros y le hace el trabajo más fácil a más de 70.000 productores agropecuarios, que ahora tienen que llenar menos formularios y declaraciones juradas y pueden enfocarse en producir. El objetivo es que los emprendedores dediquen su tiempo y energía a crecer e innovar, no a hacer trámites y anotarse en registros. En la misma línea, es importante que cada productor, cada emprendedor, cada Pyme o cada empresa, dondequiera que esté radicada en la República Argentina, no tenga que hacer viajes innecesarios a la Ciudad de Buenos Aires para realizar trámites, conseguir permisos y lograr habilitaciones para generar trabajo y exportar.
